Carlos Fuentealba, la Patagonia rebelde, y la historia que continúa
El 3 de abril
del 2007, en la Patagonia Rebelde, los docentes de
Neuquén, después de un mes de paro en reclamo de recomposición salarial y pase
a planta de los trabajadores de planes sociales, decidieron cortar la ruta 22.
La policía los reprimió brutalmente, y mientras escapaban de los gases y de las
balas de goma, un miembro del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP),
disparó una granada de gas lacrimógeno a la cabeza de Carlos Fuentealba.
El maestro,
con su cerebro destrozado, murió en unas horas, pero no dejó de enseñar. Su
ejemplo empezó a hablar en nombre de su cuerpo ausente, a movilizar, a
multiplicar la resistencia, a exigir justicia, a hacer memoria. Los maestros y
maestras, sus compañeros, continuaron la lección. Señalaron como principales
responsables al gobernador, Jorge Sobisch y a sus
funcionarios. Pero también recordaron que sus demandas no tuvieron respuestas
del gobierno nacional, ni del ministro de Educación, Daniel Filmus,
ni del presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
Diez años
atrás, el 12 de abril de 1997, la policía de la misma provincia, mataba en
Cutral Co a Teresa Rodríguez. Teresa tenía 24 años y
era empleada doméstica. Mataron a Teresa, pero la bala apuntaba también contra
la pueblada desencadenada a partir de otra lucha docente, que amenazaba
multiplicar piquetes y resistencias más allá de sus propios límites. El
gobernador de Neuquén entonces, era Felipe Sapag. El
presidente, Carlos Menem.
Dos años antes,
en Semana Santa, el 12 de abril de 1995, en Ushuaia, era asesinado por la
policía provincial el obrero de la construcción Víctor Choque. La bala mató a
Víctor, pero la orden de muerte tenía como objetivo desarticular la
movilización obrera que se extendía en el extremo más austral del mundo. Matar
el corazón rebelde del sur. El gobernador de Tierra del Fuego era José Estabillo. El presidente, Carlos Menem.
Los restos de
Víctor Choque fueron llevados a su provincia de origen, Salta, de donde se
había ido años atrás buscando nuevos horizontes de vida. Salta es una provincia
devastada por las políticas del Banco Mundial que la declararon parte de los
llamados “territorios inviables”. El término perverso anticipaba el silencioso
genocidio neoliberal, que produjo los nuevos “desaparecidos” como consecuencia
de la desocupación, las enfermedades, la contaminación ambiental, la represión,
la depresión, el hambre. Fue repetido en numerosos discursos por Domingo Cavallo, ministro plenipotenciario durante el gobierno de Menem primero y de Fernando De La Rúa después. Los
desaparecidos del neoliberalismo, comenzaron a aparecer como piqueteros en
Jujuy, cortando la ruta que lleva a Bolivia; en Salta; en la Patagonia. Había que detener la rebelión. En Salta, el 10
de noviembre del 2000 fue asesinado en la ruta 34 -entre General Mosconi y Tartagal- Aníbal Verón, trabajador mecánico, despedido de la empresa de
transporte Atahualpa. Aníbal Verón, de 37 años, fue
fusilado con una bala de la Policía provincial, pero la bala apuntaba a
desarmar la protesta que se extendía por el reclamo de los Planes Trabajar
caídos. El gobernador de Salta era entonces –como ahora-, Juan Carlos Romero.
La Ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, era Patricia Bullrich. El Ministro del Interior, Federico Storani. El presidente, Fernando de la Rúa.
Unos meses
antes, también en Salta, en mayo del 2000, eran asesinados los jóvenes Orlando
Justiniano y Matías Gómez. Secuestrados mientras juntaban leña para llevar al
piquete, fueron torturados salvajemente y muertos por la policía provincial.
Luego fueron abandonados en una ruta de Jujuy, con la intención de simular un
accidente. El 17 de junio del 2001, en el Día del Padre, en la misma provincia,
eran asesinados los jóvenes Oscar Barrios y Carlos Santillán. Las balas que
asesinaron en General Mosconi, en Tartagal,
pretendían callar las voces insurrectas del pueblo norteño que había aprendido
de Cutral Co el valor del corte de ruta como
herramienta de lucha, cuando el paro forzoso que implica la desocupación
masiva, no deja más caminos que interferir en la circulación de mercancías. Las
balas eran para los jóvenes que aprendían en las rutas, las primeras lecciones
de dignidad y resistencia.
Sin embargo,
los asesinatos de Salta no fueron los primeros crímenes del gobierno de la
Alianza. En Diciembre de 1999, en el puente de Corrientes, la Gendarmería había
asesinado a los jóvenes Mauro Ojeda (18 años, sobrevivía con changas) y
Francisco Escobar (25 años, cartonero). Con ellos querían matar la lucha autoconvocada de trabajadores docentes, estatales, del
pueblo correntino. Los mataron las balas de los gendarmes al mando de los
comandantes Chiappe y Caruso,
enviados por el Ministro del Interior Federico Storani
a "pacificar" la provincia de Corrientes para que su interventor,
Ramón Mestre, pudiera asumir el cargo. La viceministra del interior era Nilda
Garré.
La Alianza
terminó sus días con otro crimen: los asesinados del 19 y 20 de diciembre del
2001 en todo el país. Jóvenes en su mayoría. Trabajadoras y trabajadores,
desocupados y estudiantes, motoqueros, piqueteros,
amas de casa. Aníbal Ibarra era Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.
Carlos Alberto Reutemann era gobernador de Santa Fe.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Carlos Ruckauf.
El Vice gobernador, Felipe Solá.
Ninguno se cree responsable.
El “que se
vayan todos”, en diciembre del 2001, nombraba a estos responsables de las
políticas de hambre y muerte. Pocos meses después, el 26 de junio del 2002, el
pueblo recibió un nuevo golpe en la masacre de Puente Pueyrredón.
Los jóvenes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki,
fueron asesinados en una brutal represión que pretendía reestablecer la
gobernabilidad, y garantizar el orden del miedo. El presidente era Eduardo Duhalde. El Gobernador, Felipe Solá.
Antes y
después de estas muertes en protestas sociales, hubieron
muchas otras muertes como consecuencia del mismo sistema. Gatillo fácil.
Desaparición de mujeres víctimas de la trata. Cromañon.
Los muertos y las muertas, siempre del mismo lado. Víctimas de la pobreza.
Víctimas de la desesperación. Víctimas de la corrupción. Víctimas de la
desocupación. Víctimas de la indiferencia. Víctimas del capitalismo.
Por eso,
aunque no conocíamos el rostro, sabíamos quién era Carlos Fuentealba,
el maestro de Neuquén asesinado en este abril del 2007. Sabíamos que Carlos
estaba en el corte de ruta, resistiendo. Y que antes había dado clases de
dignidad en las escuelas. También sabíamos que Carlos era Teresa, era Aníbal,
era Darío, era Víctor, era nuestro pueblo, eran los de abajo, los de la memoria
que no tiene punto final, porque tampoco hay punto final para la represión y
para la impunidad.
Sabemos
también quiénes lo mataron. Sabemos que el gobernador de la provincia de
Neuquén, Jorge Sobisch, tiene una responsabilidad
principal en estos hechos. Una vez más dio orden de reprimir. Él como Juan
Carlos Romero, en Salta, manejan la provincia con
criterios de patrones de estancia. Como la familia Menem
en La Rioja, o la familia Kirchner en Santa Cruz. Es
un sistema de poder que reparte políticamente prebendas y ventajas, en el que
las burguesías locales disputan privilegios y multiplican ganancias. Por eso,
es inconsistente el análisis de quienes pretenden separar, artificialmente, las
responsabilidades de los gobiernos provinciales de las políticas nacionales,
oscureciendo las modalidades de la división del trabajo. En el ejercicio
cotidiano de la dominación, las políticas llevadas adelante en todo el país,
tanto en el plano político, económico, social, como en los modelos represivos,
tienen fuertes denominadores comunes. Precisamente en los mismos días en que
Carlos fue asesinado, se extendía la lucha docente y la represión a la misma en
otras provincias como Santa Cruz, Salta, La Rioja, Chaco, Formosa, Tierra del
Fuego… ¿quién encendió la mecha?
Pensando como
candidato su campaña electoral, el Ministro de Educación Daniel Filmus, el “hombre de Kirchner en
la Capital”, había anunciado a fines de febrero un aumento salarial, cuya efectivización no estaba garantizada, debido a que son las
provincias las encargadas de realizarlo. En la mayor parte de las provincias,
se ofrecieron aumentos por debajo de lo anunciado, la mayor parte en negro,
bajo la modalidad de bonificaciones. Este anuncio, de no haber sido un gesto de
campaña, debería haber sido acompañado de un debate presupuestario serio, que
hiciera posible cumplir con las promesas. Pero cuando llegó la hora de la
verdad, ninguno de los “hombres del presidente” se hizo cargo. Y no se hacen cargo
ahora, de la responsabilidad que les cabe en esta situación.
Tampoco se
hace cargo el socio político de Sobisch, quien
pensaba acompañarlo en la cruzada por la Presidencia: Mauricio Macri. Por el contrario, en los comandos electorales de las
campañas capitalinas, el tema que se discute ahora, cínicamente, es como
quitarse o cómo transferir responsabilidades, para que estos hechos “no afecten
la suerte de los candidatos”. Mientras los maestros neuquinos, santacruceños, salteños, y de distintas provincias, enseñan la dignidad,
estos políticos son maestros de la hipocresía, del vale todo, de la
naturalización de las injusticias. Ellos, los que miran para otro lado, los que
cambian de camiseta y de alianzas tres veces por día, los que descreen del
pueblo, los que lo engañan, los que callan, los que otorgan, son responsables
al menos de la deslegitimación de la democracia… de esta democracia suya, la
del poder.
El anuncio
realizado por el ministro Filmus desde la Rosada,
había sido acompañado por el titular de la CTA (Central de Trabajadores
Argentinos), Hugo Yasky. El dirigente de CTERA
(Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), no es el
primero ni el último de los líderes de movimientos de trabajadores, o de
sectores populares que se sumaron a la tarea de construir consenso a la
dominación. Ellos, que deberían estar cada día en la organización de las
resistencias, en las demandas de derechos, en la batalla popular por una vida
digna, en el frío de la intemperie que se sufre en los cortes de ruta,
acompañando a los maestros y maestras que en Santa Cruz tienen sus escuelas
tomadas por la Gendarmería, o que fueron gaseados brutalmente en Salta. Ellos,
que deberían estar junto a los que dicen representar -y no calentándose en los
salones de los despachos oficiales- también tienen responsabilidad frente a
estos hechos últimos, sobre todo, por la indefensión en que se encontraron los
docentes. Los maestros y las maestras, en Salta y en Santa Cruz, en Neuquén y
en Formosa, sintieron la presión directa del poder, y la deserción de la
dirigencia sindical que ahora, tardíamente, convoca a un paro de 24 horas. Que
haya sido necesario un muerto, que se esfuercen en repetir el discurso que
pretende adjudicar todas las responsabilidades al gobernador de Neuquén, es un
gesto más que profundiza la desconfianza de los trabajadores y trabajadoras en
lucha, hacia las conducciones burocratizadas y “enganchadas” en la política disciplinadora y domesticadora del kirchnerismo,
en sus más amplias variantes.
El 24 de marzo
último, dos lógicas se expresaron en los actos por los 31 años del golpe
militar. La lógica de quienes creen que el tema de los derechos humanos
pertenece al pasado, y que estamos en un momento de “reparación histórica”. Y
la lógica de quienes sostienen que los derechos humanos tienen que ser
garantizados para todos y todas. Que el derecho al trabajo, a la educación, a
la salud, a la tierra, a la vivienda, a la posibilidad de decidir sobre
nuestros cuerpos, a la recreación, a la justicia, no pueden ser garantizados
sólo para una clase, la clase en el poder, o para unos grupos, los amigos del
presidente. Que entre los derechos humanos se encuentra también el derecho a la
protesta social, el derecho a reclamar por lo que es justo, el derecho a no integrarse
en la lógica de dominación a cambio de un lugar subordinado en las políticas clientelares. Que los derechos humanos, no pueden guardarse
en un museo; porque la vida sigue siendo amenazada, cada vez que el pueblo se
decide a reclamar con autonomía por lo que le corresponde.
Una muerte, la
de Carlos, el maestro querido por su gente, vuelve a mostrar dolorosamente el
abismo que se va abriendo entre estos dos lugares. Porque la sangre de Carlos
no acepta dobles discursos. Porque la lucha docente requiere urgentes
respuesta. Porque quienes cuentan votos y desprecian vidas, alguna vez
escucharán nuevamente el eco de aquel “que se vayan todos”. Y cuando el eco
vuelva, desde la Patagonia Rebelde o desde la Salta
inviable, ya no será para decirles que se vayan. Será sencillamente la voz del
pueblo, ocupando su lugar en la historia. Con voz de pueblo rebelde hablarán
Carlos y Teresa, Darío y Pocho, y tantos y tantas, y
todas y todos los que no se cansen de luchar.
Claudia Korol
Abril
2007