MASACRE DE CROMAÑON: ALGUNAS REFLEXIONES AL PIE DEL DOLOR

A la memoria de mi hijo Julián, 18 años de sueños arrancados en una noche.

El 30 de diciembre de 2004, murieron en Buenos Aires, a raíz de un foco de incendio en un “boliche” (local bailable) llamado tal vez premonitoriamente “República de Cromagnon”, al menos 194 personas, la gran mayoría muy jóvenes –aunque parezca mentira, los familiares seguimos reclamando del gobierno la lista oficial de fallecidos y heridos, y no la tenemos- y quedaron con secuelas un número indeterminado de sobrevivientes, que pueden contarse por varios miles, ya que había esa noche unas 5000 personas escuchando a la banda de rock Callejeros.

Para los grupos de familiares, sobrevivientes y amigos que nos fuimos juntando poco a poco –y que seguimos haciéndolo, a más de dos años, en busca de justicia- fueron quedando claros los responsables directos de este hecho, en una pirámide que no siempre es sencillo visualizar. Tales responsables tienen nombres y apellidos y deberían ser juzgados, de manera ejemplificadora, por un Poder Judicial que, es evidente, no está dispuesto a hacerlo.

Pero además de los responsables directos, para muchos de nosotros lo que desnuda Cromagnon es una lógica de desprecio a la vida que es propia del sistema capitalista donde nos toca ¿vivir?, una de cuyas expresiones más crudas es esta muerte joven, absolutamente evitable.

Los responsables más evidentes fueron el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encarnado fundamentalmente en su Jefe, Aníbal Ibarra, hijo dilecto del poder que va disfrazándose según las necesidades, y que al momento de subir al Gobierno –que ocupó, desde diferentes lugares, por seis años, con lo cual nadie puede decir que la masacre “le ocurrió”, que “no conocía” lo que estaba pasando- portaba una imagen “seudoprogresista” que todavía no ha perdido; y también en el conjunto de su Gobierno, incluyendo a su Vicejefe Jorge Telerman –él mismo empresario de la noche, devenido ahora, en época de elecciones, en aparente “archienemigo” a la manera irónica de Batman y el Guasón-.

También fue responsable - aunque no sea sencillo de probar, por sus propias características, - la sociedad “off shore” dueña tanto del boliche como del hotel aledaño, una sociedad –como es común en los negocios de nuestro país- integrada por miembros fantasmas o inventados, cuyo respeto mayor por los negocios que por la vida provocó, por ejemplo, que esa noche ante la necesidad urgente de evacuar, hubiera puertas cerradas con candado y una salida de emergencia clausurada para no “molestar” a los huéspedes del hotel –o tal vez a otros negocios que no conocemos-.

Fueron responsables además, muchos altos funcionarios de dicho Gobierno de la Ciudad, entre ellos Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin, ambos pertenecientes al entorno amistoso de Aníbal Ibarra y su hermana, la senadora Vilma Ibarra.

Fueron responsables funcionarios Policiales –que dependen del Ministerio del Interior, en la figura del tenebroso Aníbal Fernández- porque está comprobado que hubo cohecho –es decir, coimas- . Se le suma a esto la actuación ante la emergencia, una vez ocurrido el hecho, donde vemos –en fotos, en videos- el accionar nefasto de la policía, ¡¡reprimiendo en algunos casos a los propios chicos desesperados!!

Fueron responsables también altas autoridades de Bomberos, involucrados en coimas. Los Bomberos dependen de Policía y por tanto, del Ministerio del Interior.

Fue responsable Omar Chabán, empresario de la noche y aparente “mecenas” de jóvenes bandas de rock and roll. Un sujeto que, pese a una imagen “transgresora”, no tuvo empacho en sostener con coimas una habilitación, como no la tuvo en clausurar puertas ni en meter el triple o cuádruplo de público en un lugar cerrado, ni tampoco en “adornar” con una “mediasombra” (tela) tóxica, un techo, o con material sumamente inflamable y sin tratamiento anti-flama, para aislar los “ruidos molestos” que posiblemente provocaran las bandas. Omar Chabán, amigo personal de Aníbal Ibarra,–ya desde la época en que Ibarra fue legislador-. Tampoco tuvo empacho Chabán, en huir esa noche y luego intentar eludir la prisión que actualmente soporta.

Como se dijo en el Juicio Político al ahora destituido Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra,

Cromañón no fue un accidente ni una tragedia. Las causas de fondo que provocaron al menos 194 muertes tienen relación con políticas nefastas que fueron hundiendo la Ciudad de Buenos Aires y el país. Políticas de negociados, entrega, coimas, impunidad y desprecio por la vida del pueblo. Como mostraron otros aparentes accidentes y estallidos. Y esas políticas las llevó adelante, año tras año, con sucesivos gobiernos, una misma clase política.

Ibarra no es nada distinto. Él no lo quiere reconocer y trata de demostrar incesantemente, que no es así. Inclusive auto victimizándose, olvidando que las victimas son los chicos fallecidos, los sobrevivientes, las familias destruidas de una noche para el día siguiente, y la nueva herida abierta a la juventud.

Cromañón fue el resultado de la complicidad entre empresarios de la noche y el gobierno, en un sistema de no control y corrupción estructural en manos de funcionarios de primera línea, de los que Ibarra era allegado directo y además responsable político.

Durante su gobierno, Ibarra invocó un “focazo de corrupción”, seguramente existente, pero nunca investigó ni sancionó a los corruptos. Es más, algunos fueron simplemente cambiados de lugar. Reemplazó el sistema existente por otro, donde en vez tener “zonas”, la corrupción pasó a estar centralizada en manos de unos pocos funcionarios, que tenían todos un mismo perfil: familiares, allegados directos o gente de máxima confianza de Ibarra. Ninguno tenía capacitación especifica para los altos cargos ocupados.

Como secretario de Justicia y Seguridad Ibarra había puesto al ya nombrado Juan Carlos López, su ex cuñado, antes Procurador (o sea jefe de los abogados) de la Ciudad. Entre sus tareas debía planificar estrategias metropolitanas de seguridad

De López dependían tres subsecretarías: Seguridad, Control Comunal, y Justicia y Trabajo. En Control Comunal estaba la hoy procesada Fabiana Fiszbin, íntima amiga de la senadora Vilma Ibarra.

Ese aparato oficial decidía desde arriba qué inspeccionar y qué no. Como testimoniaron muchos empledos durante el Juicio Político,: “no había inspecciones de oficio sino por listas, se consultaba por handy (especie de teléfono celular) a los jefes si clausurar o no, etc.” Y ese aparato actuaba en estrecha relación con los mismos empresarios de la noche a los que supuestamente debía fiscalizar. Podríamos citar varios casos, entre ellos los locales “Millenium” y “Follia”, cuyos dueños son máximos dirigentes de la Cámara Empresaria. En estos dos boliches Ibarra realizó sus fiestas de fin de año en el 2003 y 2004. ¿Casualidades?

Entonces, se manejó el esquema, para dotar a una serie de funcionarios de máxima confianza de Ibarra de un verdadero superpoder en materia de controles, en un sistema de recaudación ilegal, de caja política. Un “robo para la corona”. En este marco de corrupción se inscribe la falta de control a Cromañón.

El empresario Chabán coimeaba a la policía de la Comisaría 7ª, no instaló luces de emergencia ni señalizó las salidas, hizo entrar gente de más, puso la media sombra y hasta el maldito candado. Es criminal. Pero si el empresario Chabán hizo todo eso, es porque el clima de impunidad y falta de control de la Ciudad se lo permitió.

El local ya fue mal habilitado en 1997: el entrepiso no tenía escalera de emergencia y la salida no cumplía las normas de seguridad. En seis años, el gobierno de Ibarra nunca investigó esa habilitación irregular. Algunos otros datos:

- Desde marzo de 2003 el gobierno no hizo ninguna inspección. Y no era un boliche más, sino de uno de los principales.

- En una revista con auspicio del propio gobierno se anunciaba “una fiesta de bengalas”.

- Hubo un inicio de incendio días antes del 30 y tampoco se hizo nada.

- El certificado de Bomberos vencía el 24 de noviembre y, no obstante, la Ciudad no inspeccionó el local ni lo clausuró el 25 como debía.

- Durante su mandato, Ibarra recibió numerosos alertas de que algo así podría pasar. Muchos están certificados: los de los medios de comunicación (denuncia de que el 85% de los locales bailables están en malas condiciones y/ o no poseen habilitación para las actividades que allí se desarrollan), los que le dirigió la Defensoría del Pueblo, los antecedentes de otros accidentes, etc. Todo documentado.

Ya una vez ocurrido el hecho, y mientras los familiares desesperados buscábamos a nuestros chicos, nada funcionó.

Existía al menos en “los papeles”, un Consejo de la Emergencia cuyo responsable no se dignó a volver de sus vacaciones. De hecho, esa “coordinación permanente”, previa a las emergencias, no funcionaba. Y eso el Jefe de Gobierno lo sabía y tampoco hizo nada.

Ibarra tampoco cumplió el Plan Maestro Metropolitano, que existe en la ciudad de Buenos Aires –donde recordamos, ya han ocurrido desastres del nivel del avión de Lapa, y de los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. .

Respecto del Plan Maestro hay que destacar, que a casi cinco años de gestión, Ibarra no dictó la norma básica de planeamiento necesaria para aplicarlo.

Durante esa noche, la preocupación del Gobierno fue evacuar rápidamente el lugar, no en atención a las víctimas sino para evitar que las imágenes dantescas recorrieran el mundo. Se intentó salvar la cara del gobierno y no la vida de lo chicos. En medio del caos, sin señalizar las calles, sin clasificar a las victimas según su gravedad como establecen normas internacionales. Con ambulancias que no tenían la cantidad suficiente de ¡tubos de oxigeno! O con tubos vencidos. –es decir, no “alta tecnología” sino atención mínima de baja complejidad-. Los hospitales tampoco fueron utilizados según prioridades; baste decir que el hospital de la ciudad más especializado en problemas respiratorios (la mayoría de los chicos murieron por asfixia inhalatoria combinada con gases de alta toxicidad como el cianuro, además de los que fallecieron por aplastamiento) casi no tuvo pacientes derivados. Un dato trágico prueba que fue más fuerte y heroica la solidaridad entre los propios jóvenes, que el accionar del gobierno: se calcular que el 40% de los chicos murió por volver a entrar al “boliche” para sacar a sus amigos, sus compañeros o a otros chicos desconocidos. ¿Cuándo se recordará a esos héroes?

Podríamos sumar –como pensamos muchos familiares- entre los responsables, también al grupo Callejeros, quienes si bien todos entendemos, no crearon las condiciones estructurales para que la masacre ocurriera, sin duda entraron -concientemente o no- en la lógica del “todo vale”, en una lógica empresarial corrupta, vendiendo bajo su responsabilidad muchas más entradas que lo que la capacidad del lugar hubiera permitido, y haciendo caso omiso del conato de incendio de días anteriores. Esto nos lleva a pensar, junto a nuestros jóvenes: ¿es necesario entrar en esta manera de funcionar, es imprescindible que porque “la sociedad es injusta” y “así es el negocio”, como grupo, no cuiden a su propio público? ¿es necesario quedar al margen de las marchas y de las luchas, colocándose también en el lugar de la víctima?

Hasta aquí este relato descriptivo de lo que ocurrió. Después vinieron las marchas, la organización de familiares, sobrevivientes y amigos, la lucha que no cesa pese a estos más de dos años de impunidad.

¿Qué nos queda a familiares, sobrevivientes y amigos?

Es imposible hacer un balance definitivo –todo sigue, todo se complica, siempre hay nuevos espacios para luchar, y nunca podría hacerlo una persona sola. Cualquier evaluación deberá ser producto de un colectivo que pueda reflexionar tomando cierta distancia de lo sucedido, aun en medio del dolor. Y con la dura realidad de que los chicos no volverán, hagamos lo que hagamos.

Entonces, aquí van algunas reflexiones provisorias, como para un borrador de un “texto” que está en permanente construcción.

Los familiares, sobrevivientes y amigos desarrollamos nuestra lucha en varios planos. Podrían esquematizarse básicamente en tres:

Un plano ha sido el Juicio Polìtico al ahora destituido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Destitución que fue un triunfo no solamente de la lucha, sino también de los hechos. Juicio Político, y sobre todo destitución, que no tenían precedentes en la Ciudad y el país, y que generaron una oleada de reacciones diversas, aun y lamentablemente entre el llamado “progresismo” de la Ciudad. Lo dice la ex legisladora Susana Etchegoyen, quien fuera una de las personas que firmaran el pedido de Juicio Política:

“ En enero de 2004, unos pocos legisladores integrantes del Interbloque de Izquierda, presentamos el pedido de Juicio Político al entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. (…). No había por cierto acuerdo en el interbloque para la presentación, algunos compañeros sostenían que intentar por la vía de las instituciones burguesas la destitución de Ibarra, un miembro estelar de la corporación política de la Ciudad, era delirante, y además nos distraía en momentos en que la lucha de familiares y amigos en la calle, acompañada por gran parte de la ciudadanía capitalina amenazaba con llevarse puesto a todo el ejecutivo de la Ciudad y sacudía las alianzas parlamentarias que sostuvieron y garantizaron durante cinco años de gobierno ibarrista las condiciones que gestaron y produjeron la masacre de Cromañón. La discusión estaba abierta, y las reuniones de interbloque eran tempestuosas. ¿Podíamos atacar así a Ibarra sin ser acusados de complicidad con la derecha? Qué cambiaría si se iba Ibarra?, después de todo si el se iba venía Telerman (su vicejefe)

(sin embargo) … Ibarra tuvo que concurrir al recinto a dar explicaciones. Entonces en la medida en que la trama de corrupción, coimas, negociados y complicidades, era develada la convicción sobre la necesidad de insistir e impulsar el juicio político fue creciendo en muchos de nosotros.

(…) No pudimos lograr que se fueran todos como cantamos en el 2001, pero al máximo responsable por la muerte de casi 200 jóvenes llenos de sueños y de vida, podíamos destituirlo. Durante el año 2005 la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora, vigiladas de cerca por padres, familiares y sobrevivientes, llegaron a la conclusión de que el juicio político era procedente. No podíamos creer que en definitiva y más allá de todas las operaciones, la compra de votos, y el despliegue fastuoso del aparato extorsivo y disciplinador del Estado sobre los bloques legislativos, el juicio avanzaba, imparable. Todos sabemos cuan difícil fue lograr sumar los diez votos necesarios para la destitución. Familiares padres, sobrevivientes y amigos que acompañaron el proceso fueron testigos asombrados del inagotable flujo de influencias que el poder sabe desplegar sin piedad ni ética para lograr sus objetivos. La corporación legislativa se contraía presa de convulsiones y espasmos, al tomar conciencia del peligroso precedente que sentaba al echar a uno de sus hijos pródigos. Pero allí estaban los padres y familiares, recorriendo los despachos, los pasillos y los baños, exigiendo, advirtiendo que esta vez no iban a permitir que la impunidad ganara otra batalla. Allí estaban parados, dignos desde su dolor sin consuelo, recordando a todos los legisladores para qué estaban sentados en sus bancas y a quien debían responder” (1)

En el Juicio Polìtico, Ibarra y el poder al cual representa pusieron en juego muchos mecanismos casi imposibles de pensar previamente por nosotros, familiares de las víctimas. Como plantea Claudia Korol, (2)

“ Se trata ya no sólo de las responsabilidades concretas que llevaron a su destitución como Jefe de Gobierno, sino también a la suma de maniobras que se urdieron para el salvataje de su puesto, desde presiones sobre los legisladores, sobre los medios de comunicación, y el chantaje y la manipulación de los movimientos sociales que dependían de los subsidios o asistencia social del gobierno de la ciudad, para acarrearlos a movilizaciones en su apoyo. Y tan grave como eso, es la responsabilidad de alterar de acuerdo a las necesidades personales el concepto de institucionalidad democrática que él mismo ayudó a fundamentar, cuando el funcionamiento de los mecanismos establecidos para el control de los gobernantes fue descalificado con el término de "golpe institucional".

Hablar de golpe, en Argentina, no es un chiste. Moviliza los temores más irracionales, que llevamos adheridos a nuestros cuerpos quienes hemos vivido y sobrevivido a otros golpes. Pero pasado un año, podríamos preguntarnos: ¿de qué golpe hablaba Ibarra? ¿Del golpe que llevó como jefe de gobierno a su vice, Jorge Telerman? ¿O no sería el auténtico golpe alterar los criterios de institucionalidad, en el momento preciso en que los intereses personales o de un grupo se ven afectados?”

Otro plano es el Juicio Penal. Un juicio que por ahora revela una Justicia lejana a la “independencia de poderes” consagrada por la Constitución. Con una jueza que parece

cumplir órdenes del Poder Ejecutivo, encarnado tanto en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad como en la Casa Rosada por el presidente Kirchner, el mismo que habla de “derechos humanos”.

Una justicia que ha actuado muy rápido cuando se trató de imputar a los familiares por supuestos delitos en todo caso menores (entre ellos se encuentra, ¡quemar una foto de Ibarra!!) Imaginémonos la situación: de un lado de la llamada “balanza” (¿) de la justicia, el asesinato impune de al menos 194 personas ; del otro lado, un familiar enojado que rompe una foto. A quién se imputa? Adivinaron: al familiar enojado.

Entonces, para muchos de nosotros, y teniendo en cuenta los tiempos procesales que favorecen a los funcionarios, no se trata de creer o no creer en “la Justicia” en abstracto, sino utilizar en parte esa herramienta, tratando de llegar con el máximo de creatividad a establecer las responsabilidades pero al mismo tiempo sabiendo que no es un terreno neutral en absoluto, y que sin movilización no hubo –ni habrá- respuestas.

Un tercer plano es el del Juicio ético de la sociedad: aquel que puede ayudar al verdadero “nunca más” de Argentina República de Cromañòn en que se ha convertido nuestro país. Aquel que nos debe mantener movilizados, sean cual sea el resultado penal o electoral, para pensar juntos –porque Cromañón nos pasó a todos- una forma diferente de hacer política.. Aquel que nos está llevando a unirnos a otras victimas de impunidad como los familiares de chicos muertos por balas policiales, por ejemplo. La idea es, dando la voz a las victimas cada vez más organizadas, pensar en las fortalezas que tendría un amplio movimiento contra la impunidad y por los derechos humanos de hoy – no solamente por los del ayer de la dictadura militar genocida- y de siempre.

Impunidad es una palabra clave para entender lo que ocurre. Y no solamente con Cromañon. Impunidad es un policía asesinando a sangre fría a un maestro durante una huelga docente en Neuquén, mientras el Presidente Kirchner sigue descansando en su residencia del sur del país (como ocurrió, igual, la noche de Cromañon).

Impunidad que muestra a Ibarra pasearse por la Ciudad armando partidos políticos y alianzas electorales. Ahora se ha atrevido a presentarse como candidato a legislador, junto a un Ministro de Educación (Filmus) cuestionado por su accionar durante los conflictos docentes, y un banquero (Heller) que salió a defenderlo durante el juicio político. Si tuviésemos que buscar una analogía, podríamos utilizar la de un médico condenado por mala praxis, que ahora pudiera (claro, en “otro hospital”) seguir trabajando como tal, en la misma especialidad y con los mismos potenciales pacientes. La candidatura de Ibarra es un disparate que consagró el poder, destituyendo pero no inhabilitándolo para ocupar cargos públicos.

El caso Cromañon interpela fuertemente a nuestra sociedad por la diferencia entre las palabras y los hechos. Porque estamos ante un gobierno que se dice progresista pero donde ocurren violaciones constantes a los derechos humanos. Un gobierno que ha vallado la Casa gubernamental para estar cada vez más lejos del pueblo. Un gobierno que reprime conflictos y luego se desentiende de dicha represión. Un gobierno que ha militarizado escuelas en el sur de nuestro país. Un gobierno que al menos permitió y nunca investigó, el secuestro de Jorge Julio Lopez, testigo en el juicio a represores de la pasada dictadura. Un gobierno que tiene presos políticos por luchar.

En el marco de estos tres planos de lucha, los sobrevivientes, familiares y amigos, integrantes de lo que se ha llamado “movimiento Cromañon”, estamos permanentemente construyéndonos a nosotros mismos y reconstruyéndonos. Porque en medio de un duelo que nunca termina de elaborarse intentamos no bajar los brazos, seguir armando espacios colectivos, conocernos y contenernos –teniendo en cuenta que previamente a este desastre ninguno sabia del otro-, pensar nuevas formas creativas de denuncia, poniendo fuerte acento no solamente en la ética de nuestra lucha – no podemos volver a tener aquello perdido, hagamos lo que hagamos- sino también en el aspecto afectivo de la misma, en el marco de la tolerancia hacia nuestra propia diversidad que nos mantiene juntos en esta difícil caminata.

Silvia Bignami mamá de Julián Rozengardt, víctima de la Masacre de Cromagnon. Integrante del grupo Memoria y Justicia por Nuestros Pibes

(1)diputada Susana Etchegoyen, en el sitio www.lospibesdecromagnon.org.ar

(2)Educadora popular Claudia Korol, en el sitio: www.lospibesdecromagnon.org.ar