s u m a r i o

sala juzgadora                                                                                    4

Inicio de la reunión                                                                               4

Declaración testimonial del señor Juan Carlos López                    5

Cuarto intermedio                                                                              39

Autorización de visita al local de República de Cromañón            76

Declaración Testimonial de la Señora Hilda Marcela Sánchez de Bustamante        77

Declaración testimonial del señor Marcelo Antuña                    102

Declaración testimonial de la señora Alejandra Taddei              149

Cuarto Intermedio                                                                           170

Declaración testimonial de la señora Alicia Pierini                    170

Declaración testimonial del señor Matías Barroetaveña             179

Declaración testimonial de la señora Carmen Prusak                197

Finalización                                                                                        217

 


 

sala juzgadora

 

- En Buenos Aires, en el recinto de sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, a los ocho días de febrero de 2006, a la hora 9 y 42:

 

Inicio de la reunión

Sr. Presidente (Maier).-  Veo que todavía no hay nadie. Directamente, podría aprovechar para ir al tribunal y disponer algunas cosas. Ahora están presentes cinco diputados, pero no tiene ningún sentido que pierda media hora o cuarenta minutos acá. Si la secretaria parlamentaria se comunica conmigo cuando estén todos presentes –y de ahora en adelante vamos a hacerlo de esta manera–, termino el acta allá, en una computadora como la gente, la imprimo y vengo para acá. Vamos a hacerlo así: que la secretaria me llame cuando estén todos reunidos.

        Tiene la palabra el diputado Meis.

 

Sr. Meis.- Buen día, señor presidente.

Solicito que esperemos cinco minutos más. He hablado con algunos diputados que están acá; algunos están estacionando el auto. Así que esperemos cinco minutos más y, si no están todos los diputados presentes, tomaremos la decisión que usted sugirió.

 

Sr. Presidente (Maier).-  Desde hoy en adelante, vamos a hacer lo siguiente: cuando estén todos los diputados, me llaman, y en diez minutos estoy acá. Yo no comprendo las costumbres de ustedes; la verdad es que me son extrañas. Pero alguna vez hagámoslo al revés. Yo ya aguanté tres o cuatro semanas con esto. Ahora vamos a hacer lo siguiente: cuando ustedes estén listos, la secretaria parlamentaria me llama, y vengo para acá. En primer lugar, en el tribunal tengo mi despacho y, en segundo lugar, tengo la posibilidad de consultar mi computadora y ver los mensajes que tengo, dado que es necesario que los atienda. Por ejemplo, no sé si el Juez de Instrucción ya me contestó el oficio permitiéndoles ingresar el día viernes.

Ayer me fui a las 12 de la noche, y me acosté a las 2 de la mañana. El resultado es que me parece que debemos tomar esta decisión. Cuando todos estén presentes, me avisan y vengo del Tribunal. Estoy en diez minutos; me tomo el subte, no es necesario que me traigan en auto. Además, podemos preparar el acta allá, donde tenemos un lugar. Acá no lo tenemos; tenemos que hacerlo en el medio de la audiencia. Desde mañana lo vamos a hacer de esta manera: como siempre, desde las 9 de la mañana voy a estar en el Tribunal. La señora Bello conoce mi teléfono y me puede llamar cuando estén todos los diputados presentes.

Tampoco consideren, como señal de buena educación… Si quieren agraviarme, háganlo. Pero el problema…

 

- Murmullos en las bancas. 

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Cómo que no quieren? El acto de no venir es doloso. ¿O creen que es culposo? Salvo que alguien me diga que ha chocado en el camino o que le ha pasado algo… Para venir acá a las 9 de la mañana, tengo que empezar a bañarme a las 6.

        Les quiero decir lo siguiente: es mucho mejor para todos que me hablen por teléfono y así, en diez minutos, estoy acá, porque en el Tribunal tenemos comodidad, podemos preparar el acta y también imprimirla.

 

Sr. Gramajo.- Pero falta un solo diputado.

 

Sr. Presidente (Maier).- El problema es que los testigos están acá desde las 8 y 15 de la mañana, y ya hemos tenido alguna desgracia con algunos testigos.

        Señor Parrilli: ¿usted quiere consultarnos algo?

 

Sr. Parrilli.- No, gracias, ya está.

 

Sr. Presidente (Maier).- Mientras tanto, ¿podés leer el acta de ayer, José?

 

Sr. Secretario (Said).- Sí, señor presidente.

 

- Se lee.

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Están de acuerdo?

 

Sr. Castejón.- Quiero hacer dos observaciones. En el primer ofrecimiento que hizo la fiscalía respecto del testigo Del Canto, nosotros nos opusimos, y en el acta no quedó constancia. Luego, usted hizo referencia a nuestra anterior oposición, pero no a la primera.

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Cómo es el asunto? ¿Me puede explicar?

 

Sr. Castejón.- En el primer ofrecimiento que hace la fiscalía respecto del testigo Del Canto, nosotros nos opusimos, y en el acta no quedó registrada esa oposición.  Cuando la Sala Juzgadora lo concede, nos volvemos a oponer, y el Secretario hizo referencia a la primera oposición, pero no quedó asentado en el acta la primera oposición.

        En todo caso, si me permite, me acerco y lo vemos en la pantalla.

 

Sr. Secretario (Said).- Está bien.

 

Sr. Castejón.- En el momento habíamos dicho que dejábamos formal protesta.

 

Sr. Secretario (Said).- Dijo que tenían dos observaciones.

 

Sr. Castejón.- Habíamos dicho que dejábamos formal protesta.

 

 

Declaración testimonial del señor Juan Carlos López

 

 

Sr. Presidente (Maier).- Corresponde tomar declaración testimonial al señor López.

        En primer lugar, señor López, le voy a hacer una serie de preguntas, que usted ya conoce dada su experiencia. Le pido que, por favor, hable cerca del micrófono, y que nos diga cuál es su nombre completo.

 

Sr. López.- Juan Carlos López.

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Profesión, empleo o eventualmente la actividad que realiza en la actualidad?

 

Sr. López.- Soy abogado. En la actualidad me desempeño en la profesión liberal.

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Edad?

 

Sr. López.- 46 años.

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Domicilio?

 

Sr. López.- Mármol 1952.

 

Sr. Presidente (Maier).- Le solicito que mencione los vínculos que pueda tener con quien es objeto de este procedimiento, el doctor Aníbal Ibarra, ya sea de parentesco, dependencia, amistad, enemistad o algún otro que le parezca interesante que conozca esta Sala.

 

Sr. López.- Profesionalmente trabajé con el doctor Ibarra en distintas funciones en la Ciudad de Buenos Aires, partiendo como primer Director de Control Interno de esta Legislatura cuando reabrió. Luego, fui Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires y, entre el 10 de diciembre de 2003 y el 1° de enero de 2005, me desempeñé como Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

        Además, el doctor Ibarra integra el círculo de personas de mi mayor e íntima amistad desde hace aproximadamente treinta años.  Digo esto en términos de las generales de la ley. Es una persona a la que me une una enorme amistad y respeto. 

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Tiene algún motivo de interés en el resultado final de este procedimiento?

 

Sr. López.- Existe con relación a los hechos vinculados con el desastre de Cromañón una causa penal en la que en la actualidad estoy procesado por un auto de procesamiento no firme por el delito de homicidio culposo. Éste es un hecho objetivo. Entiendo que no me impide declarar de ninguna manera y no juzgo necesario hacer uso de ninguna dispensa constitucional. 

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Conoce lo que dispone el Artículo 275 del Código Penal respecto del delito de falso testimonio, que pune con pena privativa de la libertad, que es amenazada por esa norma, y en qué consiste la norma, es decir, faltar al deber de declarar la verdad u ocultar algo?

 

Sr. López.- Sí, la conozco.

 

Sr. Presidente (Maier).- Con relación a esa norma penal debo recibirle juramento o compromiso solemne de decir verdad y de no ocultar nada. En tal sentido, puede utilizar cualquiera de las dos fórmulas y si jura, inclusive, puede hacer una breve alusión a sus creencias religiosas.

        ¿Jura decir verdad de todo cuanto le sea preguntado relativo al objeto del procedimiento y no ocultar nada? ¿O se compromete solemnemente a lo que le acabo de mencionar?

 

Sr. López.- Sí, juro.

 

Sr. Presidente (Maier).- Por último quiero saber si ha traído notas, algún escrito o algo por el estilo, para ayudar a su memoria.

 

Sr. López.- No, no vine munido de documentación. Supongo que el Tribunal cuenta con toda la causa penal. Ya hice el aporte de toda la documentación que me parecía pertinente en este caso.

 

Sr. Presidente (Maier).- Correcto; sólo quería saber si tenía alguna documentación para auxiliarse. Si no la tiene, me resulta indiferente.

 

Sr. López.- No la tengo conmigo.

 

Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra la Sala Juzgadora.

        Diputado Bidonde.

 

Sr. Bidonde.- Le solicito al doctor López que me repita, porque no lo escuché, cuál fue su participación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antes de 2003.

 

Sr. López.- Desde exactamente el 22 de noviembre de 2000 hasta el 9 de diciembre de 2003, me desempeñé como Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. En un lapso anterior, que fue cuando reabrió esta Legislatura en 1997, durante unos meses y también por designación del doctor Ibarra –en ese momento Vicepresidente 1° de la Legislatura– me desempeñé como Director de Control Interno de este Cuerpo, cargo del que me fui para ser Jefe de Fiscales de la Capital. Ese cargo no lo mencioné porque es un cargo judicial, ajeno a la función política.

 

Sr. Presidente (Maier).- ¿Correcto, señor Bidonde?

 

Sr. Bidonde.- Sí, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Maier).- Tiene la palabra el diputado San Martino.

 

Sr. San Martino.- Buenos días, doctor.

 

Sr. López.- Buenos días.

 

Sr. San Martino.- Quisiera que nos relate acerca de los cambios implementados en las áreas de habilitaciones, verificaciones y control de las actividades comerciales, y la influencia que puedan haber tenido sobre la calidad y eficiencia del control comunal estos cambios implementados sucesivamente por el Gobierno de la Ciudad, mientras usted se encontraba en la gestión.

 

Sr. López.- Con anterioridad a asumir el cargo de Secretario de Justicia y Seguridad, es decir, con anterioridad al 10 de diciembre de 2003, siguiendo una tónica que recuerdo como común de los últimos gobiernos, desde el año 1993 en adelante y en un área de alto nivel de conflictividad, el gobierno había ido trabajando distintas situaciones de tipo burocrático: desdoblamiento de áreas, cambio de funciones, intervenciones, etc.

        Alrededor del mes de noviembre de 2003, en la gestión de mi antecesora en la Secretaría de Control Comunal, se resolvió tomar una solución de tipo definitivo, que fue la disolución del órgano Dirección General de Inspecciones, el pase a disponibilidad del total de su personal, y la asunción de la función de policía por parte de un organismo que había sido creado a principios del año 2003 como órgano coordinador con el nombre de UPI –Unidad Polivalente de Inspección–, que debía formar, conseguir o munirse de los elementos para reemplazar definitivamente a la vieja dirección.

        En el momento en que asumí como Secretario, este organismo –UPI– estaba comenzando su gestión de reemplazo de la vieja dirección, contando con una dotación de emergencia mínima –alrededor de 40 inspectores y unas 70 u 80 personas que cumplían funciones administrativas–, con la obvia necesidad de volver a dotarla de recursos humanos. En términos globales, la vieja dirección contaba con aproximadamente 500 personas entre inspectores y administrativos.

        Por propuesta mía, atento a que además se encontraban intervenidos por la Escribanía de la Ciudad todos los viejos expedientes de la Dirección de Inspección –que eran más o menos 54.000 expedientes–, se tomaron a propuesta de la Secretaría resoluciones que fueron las siguientes: por un lado, producir los ajustes presupuestarios. A principios de año, éste ha sido un gran problema porque, al mismo tiempo que se disolvía la dirección, acá se estaba discutiendo el presupuesto, y todo ese cambio no estaba contemplado en el presupuesto del año 2004.

        Respecto de la UPI, fijamos el objetivo de incorporar a profesionales a un ritmo mensual que garantizara que a fin de año contáramos como mínimo con 200 inspectores –no más que eso–, porque entendíamos que no era posible capacitar a tanta gente y porque no teníamos los medios para hacerlo. Para generar una clara división y, a propuesta de la Secretaría, se desdobló todo lo viejo que estaba intervenido por la Escribanía, es decir, los 54.000 expedientes en trámite al día de la disolución de la dirección general. Y, a ese efecto, armamos una unidad fuera de nivel, que recibió la sigla UERE –Unidad Ejecutora para Resolución de Expedientes–, que tenía por finalidad descargar al nuevo organismo de todo lo viejo, para que el nuevo organismo pudiera partir de cero de una vez. Es decir, para tener un momento cero para luego poder evaluar la evolución del cambio y de lo que sucedía. A ese efecto, se dispuso que la UPI no tratara ningún expediente viejo.

        Por otro lado, en otra gestión, que venía antes de que yo asumiera, se había resuelto armar un cuerpo pericial, que era el cuerpo de verificadores de habilitación, que consistía en reunir un padrón de profesiones afines con la habilitación de la industria y comercio, que trabajaría de modo autónomo y por factura individual, por caso, para inspeccionar todo lo que en la jerga es verificación previa a las habilitaciones previas, de modo tal que la UPI tampoco tuviera que dedicarse a hacer las inspecciones de los locales por habilitar y solamente se dedicara a la inspección de los locales en funcionamiento.

        Este organismo, que ya estaba creado en la ley, fue puesto en marcha por el mes de abril o mayo de mi gestión, cuando conseguimos los fondos suficientes para garantizar que estos profesionales, que conformaban un padrón de ochocientos, pudiera cobrar sus honorarios por cada verificación que hacía.

        Además de eso, dispusimos que por la naturaleza de las necesidades de verificación que tenían determinados eventos masivos, fundamentalmente, toda la problemática del fútbol, más la problemática de grandes eventos en estadios o en la vía pública que venían multiplicándose –llámese los grandes festivales electrónicos, megarecitales, etcétera– y que requerían permiso especial por estar en lugares que no estaban habilitados, y que, a su vez, requerían un control especial por la enorme cantidad de personas que concurrían, a ese efecto y en espejo con un organismo que estaba trabajando en el Comité del Fútbol para el fútbol y en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, creamos una unidad que la llamamos Contralor de Espectáculos Masivos, que también debía descargar a la UPI del control de eventos que requiriesen permiso especial. Esto también se puso en marcha pasado el verano, allá por marzo, abril o mayo. De modo tal que lográramos un mayor nivel de especialización de los distintos tipos de verificaciones –entre comillas– en materia de industria y comercio que el gobierno debía realizar.

        Con este esquema avanzamos hasta que a fin de año, por el mes de octubre, una vez que se había conseguido determinar qué había dentro de estas cajas de los expedientes viejos y se había conseguido resolver los temas críticos, disolvimos la UERE e integramos el cargo del Director de la Unidad Ejecutora como adjunto en una nueva Dirección General de Verificaciones.

        A la par de esto, que fue, básicamente, el objeto central de mi gestión en esta materia, encaramos un proyecto, así lo expliqué en esta Legislatura cuando vine a la reunión de Presupuesto 2005, esto fue noviembre de 2004. Encaramos un cambio global que partía de una redefinición del concepto de trámite. Encontramos o sabíamos que existía –ya que el viejo sistema era conocido por todo el mundo– un sistema de inspección, más allá de Industria y Comercio, porque la Secretaría asumió toda la función de inspección global, que incluía protección del trabajo, calidad ambiental, seguridad alimentaria, fiscalización y catastro de obras, etcétera. Resolvimos cambiar el viejo esquema de expediente escrito, de oficinas, de pasillo, de registros dispersos y de registros históricos, que tenía un sentido económico en la ciudad, por un sistema de padrón electrónico que atendiera dos cosas: al padrón por contribuyentes y al padrón georeferenciado, al padrón por dirección, qué hay en un domicilio.

        La razón central de esto era que todos los que han caminado la Ciudad estos últimos años saben que los organismos de verificación y habilitación de la Ciudad han sido fuente de interminable conflicto, y han generado una imposibilidad de manejo político de estas cuestiones.

 

- La diputada Polimeni se cae en la escalera del recinto.

- Luego de unos minutos.

 

Sr. San Martino.- Continuemos. La diputada Polimeni dice que está bien.

 

Sr. López.- Además de lo que se hizo en términos funcionales, de división de funciones y de separación de funciones, se encaró a principio de año un proyecto que evaluamos como un proyecto ambicioso, como un proyecto de cambio de reglas, que consistía en concentrar geográficamente todas las áreas de control de la Ciudad en un único lugar, fuera de los centros de gestoría y de los mostradores históricos que tenía la Ciudad, para lo cual compramos el edificio de Alpargatas, en la Boca, y pusimos en marcha la creación de un sistema que permitiera el reempadronamiento georeferenciado y por contribuyentes de todo lo que fuera, por un lado, permisos de habilitación –es decir, expediente electrónico de habilitación– y, por otro, todo lo que fuera inspección o verificación. De manera tal que, por una vez, se consiguiera que el control y la posibilidad de obtención de indicadores de gestión, alarmas, etc., no estuviera reservado a la actividad intraórgano, que es la que, de alguna manera, había condicionado siempre la política de la Ciudad en materia de inspección. Es decir, que los funcionarios políticos siempre dependían de que el propio órgano fuera el que disparara alarmas.

Si bien no recuerdo el número, creo que en los últimos 15 años pasaron algo así como 50 directores que cumplieron funciones de inspección, con los distintos nombres que esto tuvo: Policía Municipal, Inspección General, Verificaciones, Habilitaciones, etc., cosa que da una idea de la conflictividad del organismo y de cómo el organismo se comía a los funcionarios políticos.

        A partir de acá, lo fundamental fue que esta situación la arrancamos sin presupuesto. Para lo cual se hicieron dos trabajos que, a mí, en particular, me insumieron el grueso del tiempo en la materia, y que fue toda la peinada del presupuesto para conseguir los algo así como 18 millones de pesos que invertimos durante el 2004, más la obtención de un crédito pari passu del BID que, además, nos financió sin contraprestación la puesta en marcha de este proyecto de informatización, que por su volumen, equivalía –a pesar de que íbamos a aprovechar lo que había hecho la Escribanía de la Ciudad– a montar un sistema informático equivalente al de la DGI de Capital.

        Además planteamos una ampliación de presupuesto que fue votada por esta Legislatura en julio de 2004 y, en el presupuesto para 2005, la Legislatura aprobó –a propuesta del Poder Ejecutivo– un plan plurianual de dos años de más o menos 50 millones de pesos, sólo para este plan de informatización y reempadronamiento.

        Como ustedes saben, el BID aprueba proyectos y después financia el equivalente a lo que el Estado está dispuesto a financiar. Con lo cual, con esta ley de la Legislatura quedó zanjado que el monto del crédito del BID eran otros 50 millones más, aproximadamente, para el mismo plazo. Porque, lo que hace el BID con todos sus créditos es ir desembolsando a medida que el Estado desembolsa.

        Yo personalmente insumí mi tiempo e iniciativa en esto, porque entendíamos que esta era la manera de cambiar las reglas de juego; de ponernos acordes con la modernización del Estado en materia de control que se da en otras jurisdicciones. Nosotros tomamos el ejemplo –yo hablé personalmente y conseguí mucho apoyo de Pablo Abad, en su momento– de la DGI, como modelo para montar un sistema de seguridad. Y además, para ver después cómo se reempadronaban algo así como 250 mil personas o personas jurídicas que debían hacerlo. Éste fue el esquema de cambio que montamos, que se puso en  marcha. En este esquema de cambio se cumplió con todo lo funcional, se adquirió el edificio y se hizo la mudanza de las principales direcciones.

Cuando yo me fui, se habían hecho más o menos –salvo DGFOC, que todavía no habían empezado la mudanza– la mudanza de otras dos direcciones grandes, que habían ido en conjunto con algunas de las chicas de inspección. Se puso en marcha la unidad ejecutora del proyecto BID. Se puso en marcha el estudio –creo que eso ya lo tiene la Legislatura y además yo lo aporté en el caso penal– de análisis del trámite, para redefinir el trámite viejo en papel y poder plasmarlo en algún proyecto, en un trámite electrónico. Además, dicho trámite electrónico global, requería una ley de apoyo porque necesita firma digital, etc. Pusimos en marcha la celebración de convenio con el ministerio de Justicia de la Nación para firma digital. Llegamos a armar, con unos veinte profesionales, un plan de capacitación para este cambio de reglas. Y en eso estábamos, cuando llegó el 30 de diciembre. Sin perjuicio de eso, toda esta unidad ejecutora continuó trabajando, hasta hoy, en este plan.

 

Sr. San Martino.- Doctor: usted informó recién que necesitaban partir de cero con los trámites. ¿De qué manera se aseguraba la continuidad histórica de los procesos?. Evidentemente, había cuestiones que no podían seguir de cero porque tenían inspecciones previas y cuestiones para resolverse. ¿Cómo se garantizaba que lo que estaba interdicto por la Escribanía no alterara el funcionamiento posterior?

 

Sr. López.- La medida de fondo fue darle un tratamiento separado que garantizara que, en el menor tiempo posible, se resolviera lo crítico. Para darle un ejemplo,  el día que se cerró la Dirección de Verificaciones, había un montón de clausuras que estaban en marcha. Ese tipo de trámites son fáciles de encontrar, porque normalmente el interesado viene y toca timbre y pide que se le resuelva su trámite. Por lo tanto, ese trámite era fácil. Existían otro tipo de trámites, muy viejos, con causas judiciales de por medio, con clausuras que habían generado amparos, con situaciones que estaban en stand by desde hacía años, que requerían un trabajo de peinado mayor, que no era tan fácil encontrarlos porque uno no tenía al interesado del otro lado del mostrador. Y entendimos que para que la nueva unidad pudiera trabajar de cero y empezar a ver qué hacía esta unidad, con profesionales jóvenes matriculados, etc. armamos la UERE para esto viejo, a sabiendas de que iba a producir, en el corto plazo, inconvenientes.

La mudanza del edificio de la Dirección de Verificaciones, insumió algo así como setenta camiones de mudanza; y por sí sola, requirió un asueto de días para volver a acomodar los papeles y poner en marcha las cosas.  Obviamente fueron hechos que se hicieron de modo público, con asuetos que se publicaron en los diarios, etc. Lo mismo que la propia disolución de la vieja Dirección de Verificaciones que atacó en un tema –entiendo yo– tan central de la problemática de la ciudad, que aún cuando quedaron quinientas personas en disponibilidad, no sólo no hubo un día de huelga, por ejemplo, que no ha generado conflictos gremiales, sino que ni siquiera hubo pedidos de informes o discusiones en los diarios. Los diarios estuvieron de acuerdo. Para decirlo de alguna manera, fue una medida política que, en principio entendimos que era aceptada, e indispensable y aún, cuando yo no la tomé, estuve de acuerdo y no quiero separarme como que yo no tuviera nada que ver, porque además era Procurador cuando se tomó.

La realidad es que, presumimos que era un año de problemas. Yo presenté en la causa penal, junto con mi declaración –o sea que se puede encontrar fácilmente– una especie de síntesis de unos cien o ciento cincuenta recortes de diarios con el sentido de mostrar cuáles eran los temas que nos aparecían en la discusión diaria, o sea los temas sobre los que tenía que responder yo en los diarios, qué cosas dije respecto de esto, etcétera. Lo cierto es que tomamos un año en el que empezamos con 40 inspectores sin que bajara el ritmo de denuncias. Por esa razón, yo dispuse una auditoría interna específica para saber qué ritmo de respuesta teníamos respecto de las denuncias formales, ya que las denuncias formales generan responsabilidad jurídica. Me encontré, allá por febrero, que a duras penas se estaba respondiendo solamente  en denuncias, algo así como el 25 ó 30 por ciento. Era un informe que también está agregado a mi declaración.

        Por esa razón y por orden mía hasta alrededor del mes de mayo solamente se trabajó por denuncia. La idea era que cubriéramos no todas las denuncias, pero las que alcanzaran a abarcar un análisis que me permitiera saber que no nos comíamos ninguna denuncia importante, por decirlo de alguna manera; porque no es que en algún momento cubrimos el ciento por ciento, ya que esto no pasó nunca, pero sí en algún momento tuvimos bajo control el hecho de que no se escaparan denuncias graves; hasta el mes de mayo –como dije–, hasta que las denuncias no se pusieran al día, no había más rutinas.

        Las rutinas se retomaron en el mes de mayo, cuando contábamos con 100 ó 120 inspectores. Llegamos a tener entre 197 y 198, cuando yo me fui.

        Esto es el esquema en cuento a los cambios.

 

Sr. San Martino.-  ¿Esa modalidad de “tocar el timbre” no le generaba cierta presión sobre las decisiones que debían tomar, o algún riesgo de fraude, o de coimas?

 

Sr. López.- A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿usted se refiere a la gente que venía a pedir por sus trámites?

 

Sr. San Martino.-  Sí.

 

Sr. López.- Por supuesto que generaba presiones, generaba pedidos y generaba riesgos. Justamente, lo que hicimos fue sacarla del trámite ordinario. En ese lugar, mi primera decisión fue que esa unidad tuviera tres directores y eso fue una cosa que discutimos mucho. No se encuentra el diputado Enríquez en este momento, pero uno de las personas propuestas para que el área tuviera tres directores generales, iba a ser una antigua colaboradora de él, a quien yo había conocido como la Directora de la DAI. Yo consideraba que era una persona muy apta para este cargo, porque incluso me interesaba tener más de un director. En realidad, después no salió por cuestiones presupuestarias.

Este fue un tema muy trabajado porque pretendíamos que esta unidad sea un bunker, porque ahí estaba toda la historia. Yo no tengo dudas de que allí estaban todos los expedientes  donde pudo haber habido negocios, o favores, o lo que sea. Justamente, queríamos que la UPI arrancara de cero, y con inspectores nuevos no tuviera que arrancar peleando con problemas que quizás tenían diez años de antigüedad, o que eran insolubles. No quería que la UPI quedara enfrentada a los problemas de Puerto Madero o a problemas institucionales que la ciudad tenía en materia de permisos muy complejos, justamente, para poder atender todo esto.

 

Sr. San Martino.-  ¿Detectaron algún caso de corrupción en el caso de que la gente se acercara  a “tocar timbre”?

 

Sr. López.- Lo que detectamos fue que muchos grandes expedientes nunca más tuvieron movimiento.  Yo no hice ninguna denuncia porque no me dio para tanto. Pero como ojo clínico o como conocimiento a través de la experiencia, de estos 54 mil expedientes, hubo  muchos grandes expedientes que nunca más  volvieron a tener trámite, donde pedían instancia de partes, sanciones que quedaron firmes. Había una enorme cantidad, mayor a la que yo suponía, que no volvió a tener movimiento y hoy está archivado; expedientes que murieron cuando fueron a parar a la caja.

 

Sr. San Martino.-  ¿Ésa es alguna de las razones del fundamento de lo que el Jefe de Gobierno dio en llamar el “focazo de corrupción”?

 

Sr. López.- Eso dijo él en su momento cuando anunció esto.

        Podría dar una opinión respecto de esto, aunque no sé si es válido como testigo. Tengo opinión propia porque desde el año 1997 vengo caminando la ciudad y además, fui jefe de los fiscales, y vi funcionar a algunos organismos de la ciudad desde afuera. Este mismo organismo, por allá en el año 2000 se llevó puesto al Escribano General de Gobierno. Ha tenido causas que involucraron a la totalidad de los inspectores, que sigue en trámite, causas de enriquecimiento ilícito con 200 imputados. La realidad es que mi experiencia fue que todas las denuncias –y digo todas como una idea central–que conozco a lo largo de estos años, contra los organismos de control, fueron hechas por funcionarios públicos. Creo que era tal la falta de fe en este sistema –cosa que, en lo personal, me cansé de escuchar–, que los contribuyentes no denunciaban.

Si hoy usted va a tribunales y hace una revisión –que es lo que vi cuando era Procurador y llevaba las querellas–, prácticamente no va a encontrar denuncias de particulares por pedido de coimas. Casi todas las que están hechas son a instancia de organismos como la Defensoría del Pueblo, funcionarios que han pasado en distintos momentos, etcétera. Yo creo que es un tema central, y siempre lo tomamos como uno de los grandes nudos del gobierno. Y cuando se anunció la disolución, todo el mundo lo dio por cierto. Me parece que hasta había un prejuicio en contra de estas organizaciones.

 

Sr. San Martino.- Doctor: ¿cómo se organizaban las tareas de inspección en estos períodos de transición, de una estructura a la otra? Usted mencionó algo vinculado con que solamente iban a atender denuncias.

 

Sr. López.- Exactamente. En esos meses, ésa fue una preocupación mía respecto de la UPI.  No lo recuerdo bien, pero en los primeros meses apareció cíclicamente algún hecho que era importante, que estaba denunciado, y que me motivó a ver qué estaba pasando y que estábamos muy lejos de la cobertura de denuncias. 

        En cuanto a la metodología en sí, no di instrucciones, pero sí opiniones. La vieja metodología de rutina –o sea, los “nocheros”, los que trabajan en supermercados, los que trabajan en tal tipo de empresa, etcétera– generaba una especie de rumor de control de la zona. Mi idea era que, en un sistema informatizado, la inspección fuera sorteada entre el cuerpo de inspectores, y mientras que esto no se lograra –no se llegó a lograr en mi gestión–, particularmente nunca apoyé continuar con las rutinas, y sé que es un tema que ha sido objeto de mucho debate.

        Para mí, las rutinas siempre dieron pie al control de la zona. Yo siempre fui proclive  a cambiar al viejo inspector que era dueño de la zona, porque la verdad es que, equivocada o no, mi perspectiva era que el principal problema de esta área era terminar con el ruido de corruptela, más allá de que existiera o no. La realidad es que no me animaría a decir que había coimas en todos los casos, ni mucho menos; lo que había era un ruido muy duro, muy persistente y de años contra esta actividad, cosa que creo que en algún aspecto logramos con los nuevos inspectores.

        Respecto de los nuevos inspectores, para dar una idea, no tuve denuncias o “chimentos” –entre comillas–, porque muchas veces lo que llega es la persona que dice: “Yo no quiero denunciar porque después tengo que seguir trabajando, pero en tal lugar me pasó tal cosa”. No tuvimos eso. Y en la causa más grande contra inspectores que tuvimos durante el año de gestión, y que hicimos en conjunto con Alicia Pierini, denunciamos como catorce inspectores de distintas áreas vinculadas con un centro de envase de alimentos. Justamente, la gente de la UPI quedó afuera y formó parte de los que colaboraron. Esto fue lo que fundaba mi impresión.

        Para que usted se dé una idea –y con esto cierro, porque no me quiero extender tanto–, al 30 de diciembre, mi sensación de esa área era que había muchísimo por hacer. Pero la realidad es que, en el primer año de gestión –es un dato objetivo que puede ser verificable para ustedes y puede tener sentido dar en esta discusión–, en los cinco años anteriores, aun con registros que no son buenos, con lo cual esto puede tener un margen de error, el promedio de inspecciones de la vieja Dirección de Inspecciones –en los cinco o seis años previos, creo que tenemos los números hasta el 1998– era del orden de las 40 mil al año. Y tenían una producción estándar que andaba entre las 10 y 15 mil actas, y entre las 200 y 500 clausuras por año, con un cuerpo de aproximadamente 300 inspectores.

        En este año de gestión, con un cuerpo de inspectores nuevos y de chicos sin experiencia, que debían salir de a dos para ir aprendiendo y que arrancaron en 40 y terminaron en 200, hicimos 16 mil inspecciones. Con relación al año 2003, o sea con la Dirección disuelta, se realizaron 40 mil inspecciones y, en 2004, 16 mil. En el 2003, se aplicaron 14 mil infracciones; o sea, un 30 por ciento, para tomar el índice de productividad     En el 2004, sobre 16 mil inspecciones, se hicieron 19 mil actas; o sea, más actas que inspecciones, porque ustedes saben que se hace un acta por cada infracción que se encuentra.

En el número de clausuras, que es la parte que a mí me resultó explosiva, veníamos de 388 clausuras en el año 2003 e hicimos 1400 en el año 2004, lo que en una relación de proyección nos da que subimos diez veces el nivel de clausura.

En el tema que nos ocupa –que es un dato que me parece importante darlo porque es fácil de recoger–, el 2004 –y esto ya no es en proporción, sino en modo cuantitativo– fue el año en el que se hicieron más infracciones y clausuras de locales –de los últimos cinco– vinculadas con la actividad de baile, locales Clase C. Y, además, es el año en que se hicieron más clausuras en cuanto a los últimos seis años con relación a la Ordenanza 50250.

        Pero al 30 de diciembre, yo no contaba con la mayoría de esta información, aunque tenía una idea de cómo nos estaba yendo en las clausuras globales, etcétera, y tenía la sensación de que íbamos por el buen camino.

 

Sr. San Martino.- ¿Por qué dice “teníamos”?

 

Sr. López.- No entiendo su pregunta.

 

Sr. San Martino.- Usted recién dijo: “teníamos la sensación…

 

Sr. López.- Tenía; yo tenía la sensación de que íbamos por el buen camino…

 

Sr. San Martino.- La pregunta es: ¿no estaba por el buen camino?

 

Sr. López.- Sí, yo creo que sí. Es decir, la actividad se mide en los indicadores que se encuentran. Sin perjuicio de esto, obviamente, el 30 de diciembre ocurrió…

 

Sr. San Martino.- Usted, en el momento de esta transición y de la organización hablaba del personal. ¿Estas cuarenta personas que fueron incrementándose paulatinamente, tenían todos los elementos necesarios para poder llevar adelante la tarea de inspección?

 

Sr. López.- Tenían lo que había.

Para dar una idea –porque yo presenté directamente la documentación–, creo que en el año y solamente respecto de esta área –porque ésta involucra el paquete de inspección, DGFOC, etcétera– hay algo así como veinte ampliaciones presupuestarias. Entonces, creo que tenían lo que había.

Es decir, se fue comprando todo lo que se pudo comprar; se fue actualizando todo lo que se pudo actualizar, y la verdad es que en ese momento yo no tenía grandes quejas, pero estábamos en pleno armado de un nuevo esquema, así que nunca di por hecho de que eso estaba bien. Era un proyecto que si todo salía bien, recién se iba a ver en dos o tres años.

 

Sr. San Martino.- ¿Sabe usted si tenían credenciales para poder trabajar?

 

Sr. López.- No hubo credenciales como hasta marzo, momento en que me enteré, justamente, por un problema relacionado con el tema.

En realidad, habían credenciales viejas, así que recién en marzo, por una disposición mía, se empezó a dar credenciales nominativas a la totalidad de los inspectores. Cuando la UPI pasó de ser un órgano de coordinación a reemplazar la dirección, de estos cuarenta inspectores, habían unos veinte que tenían credenciales y el resto estaba trabajando sin papeles, cosa que yo me enteré en marzo. Pero esto se solucionó a los dos o tres meses, cuando yo me enteré.

 

Sr. San Martino.- ¿No tenía ningún director ni subsecretario que le hubiera informado que nada más ni nada menos que los inspectores carecían de tal elemental…

 

Sr. López.- No; yo recién me enteré en marzo. Recuerdo que fue a la vuelta de un viaje corto, de una gestión en la provincia.

 

Sr. San Martino.- Cuando usted era Procurador General se realiza la gran intervención denominada “focazo”. La pregunta es: ¿cómo se entera usted de esta intervención?

 

Sr. López.- Porque yo dictaminé en ese expediente, que se manejó con mucha reserva. Es más, la secretaria del área me lo trajo en mano, y había un cambio de organigrama, etcétera, así que yo emití un dictamen de forma y como el caso encuadraba, era una situación de disponibilidad de los que prevé la Ley de Empleo.

 

Sr. San Martino.- ¿Recuerda qué fue lo que usted dictaminó?

 

Sr. López.- Sí, porque uno de los supuestos que prevé la ley expresamente es el pase a disponibilidad por el cierre del órgano; fuera de ese caso, los demás pases a disponibilidad son solamente de tipo disciplinarios. Pero en el caso de disolución del órgano,  se puede poner en disponibilidad a la totalidad del personal.

 

Sr. San Martino.-  ¿Recibió alguna instrucción del Jefe de Gobierno?

 

Sr. López.- ¿Con respecto a qué?

 

Sr. San Martino.- Con respecto al cierre de estas áreas y a la apertura de las nuevas, por el tema del focazo de corrupción.

 

Sr. López.- ¿Cuándo fui Secretario?

 

Sr. San Martino.- No, cuando usted tuvo que dictaminar en carácter de Procurador. Usted era el Procurador.

 

Sr. López.- Si. El expediente tuvo forma de disolución del órgano. El objeto del dictamen era resolver si se daba un supuesto de disponibilidad, porque afectaba el derecho de los trabajadores, etcétera. Ése fue el alcance del dictamen. De hecho, tenía idea de lo que estaba pasando, pero el dictamen fue un tema secundario y no precisó ninguna instrucción.

 

Sr. San Martino.- ¿Ésa es la razón por la cual no se realizaron sumarios, ante las graves denuncias de irregularidades, que fueron las que aparecieron en la prensa?

 

Sr. López.- No tuve denuncias. En esa ocasión tuve noticias y vi lo que vimos todos. A la Procuración, que yo recuerde, en ese momento no llegó ninguna denuncia.

 

Sr. San Martino.-  Pero usted sabe de las declaraciones del Jefe de Gobierno.

 

Sr. López.- Si, las conozco. Estoy contestando de la manera más objetiva. En ese momento no tuve denuncias.

 

Sr. San Martino.- Entonces, según usted dice, la no realización de sumarios obedeció a la disolución del órgano, no a ninguna causa de corrupción.

 

Sr. López.- Eso dice el decreto de disolución. El decreto está enmarcado en términos de oportunidad, mérito y conveniencia que, entre otras cosas, evalúa el bajo nivel de eficiencia y de legitimidad que tenía el lugar. Ahora no recuerdo –normalmente, existe una técnica para escribir el decreto– que el decreto hable de hechos concretos. Si los hubiera habido, los deberían haber denunciado. Entiendo que se hablaba de un bajísimo nivel de legitimidad, que es el modo en que se plantean estas cuestiones para tomar decisiones políticas en la práctica habitual.

 

Sr. San Martino.- En la Ciudad de Buenos Aires, cuando usted fue Secretario del área, ¿existía algún mapa de riesgo para atender algunos temas conflictivos en determinados lugares de la Ciudad?

 

Sr. López.- Respecto de la Ciudad, existe un mapa de riesgo desarrollado en materia de delitos, en el que se invierten fondos y recursos, y que viene funcionando desde 2000. Es más amplio: incluye delitos y violencia. Lo lleva adelante una Dirección, que es la Dirección de Prevención del Delito. En el ámbito nacional ese plan nació como plan complementario de lo que se llamaba el SNIC, que es el Sistema Nacional de Información Criminal, que se puso en marcha durante mi gestión como Secretario de Política Criminal de la Nación. En ese caso, firmamos con la Ciudad la puesta en marcha de lo que se llama el mapa del delito, el mapa de la violencia. Debido a que no existía un esquema sistematizado global, no existía –y éste fue uno de los objetos centrales que puse en mi presentación del proyecto BID– un mapa de riesgo más amplio. Existían los que son los valores estadísticos de riesgo y el esquema que tiene la Policía, donde se trabaja por especialidad sobre la ocurrencia histórica de eventos en distintas zonas, justamente, para que hubiera un mapa global de emergencia.

Además, durante esta gestión pusimos en marcha una unidad ejecutora para redefinir el concepto de emergencia, que ya venía definido en algunas normas dispersas y en un plan director anterior, y que tenía amplitud que lo hacía imposible de cumplir, porque mezclaba con el mismo tipo de intensidad un escape nuclear y una cornisa que estuviera rajada, cosa que el  Estado de ninguna manera podía cumplir. Esta unidad ejecutora también se puso en marcha.

 

Sr. San Martino.- En estas actividades conjuntas con la Nación, y según informa, con la Policía Federal, ¿habían tomado conocimiento o tomaron en cuenta a las grandes aglomeraciones de gente en Constitución, en Once o en  otros lugares de la Ciudad?

 

Sr. López.- En grades eventos, sí. Eso se venía trabajado desde antes de mi gestión. Lo que pasa es que, básicamente, se prestaba mucha atención a los que se denominaban “eventos especiales”.