Cedoz / 9-0ct-06
Informe de Amnistía Internacional sobre Atenco
Índice AI: AMR 41/028/2006
5 de octubre de 2006
Embargado hasta el 5 de octubre
1. Introducción y resumen
El día 4 de mayo fui detenida por la mañana. (…) Me tiraron al suelo e
igualmente me golpearon, con patadas, con puñetazos, con los toletes y las
macanas. Me jalaban el cabello, me pisotearon, después me levantaron y entre
empujones y golpes me subieron boca abajo en una camioneta de la policía.(…) Al
subirme al camión (autobús) me di cuenta que adentro de este estaban golpeando
a todos, a mi entre golpes, insultos y empujones me comenzaron a manosear,
primero los glúteos, luego a frotarme encima del pantalón, me tocaban los senos
y luego metieron sus manos debajo rompiéndome el sostén y causándome gran
irritación en los pezones.(…)No podíamos movernos, si nos movíamos nos
golpeaban. Hemos pedido hacer las denuncias, pero no nos han hecho caso.(1)
Al menos 211 personas fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo del 2006 en los
municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, (2) como resultado de un
operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una
organización campesina de la zona. Entre las personas detenidas hubo cuarenta y
siete mujeres.
Según informes, durante las protestas, varios manifestantes se enfrentaron de
forma violenta a los cuerpos policiales del Estado de México. Durante los
enfrentamientos varios policías resultaron lesionados y manifestantes
retuvieron a varios agentes, al menos cuatro de los cuales fueron llevados a
San Salvador Atenco. En tales circunstancias las
fuerzas de seguridad pública tienen el deber de garantizar el orden y proteger
la integridad de los policías y transeúntes. Sin embargo, la forma en la que al
parecer tuvieron lugar la mayoría de las detenciones –tanto de hombres como de
mujeres- puso de relieve serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo
la tortura y el maltrato, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los
policías. Además, dos jóvenes, uno de ellos menor, fallecieron a consecuencia
de los disturbios sin que hasta la fecha se hayan esclarecido las
circunstancias de las muertes.
En el caso de las mujeres, varias de ellas han denunciado ante las autoridades
y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos haber sido
objeto de violencia física, psicológica y sexual por parte de los policías del
Estado de México que las detuvieron, sobre todo durante su traslado al penal en
varios vehículos.
El gobierno mexicano ha ratificado instrumentos internacionales de derechos
humanos que reconocen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y la
obligación de prevenir y sancionar todas las formas de violencia hacia las
mujeres. Una de las responsabilidades inmediatas del Estado es prevenir y
sancionar la violencia cometida por sus agentes. Este informe pone de
manifiesto cómo las autoridades mexicanas siguen sin tomar medidas efectivas
para garantizar que estos abusos no queden impunes.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó el Estado de México el pasado
junio y se entrevistó con varias de las personas que fueron detenidas el 3 y el
4 de mayo, organizaciones de derechos humanos y autoridades mexicanas. Este
informe recoge las experiencias de las mujeres, con especial atención a las
denuncias de abusos de carácter sexual, así como la falta de investigaciones
efectivas e imparciales para garantizar que los presuntos responsables
comparezcan ante la justicia. La identidad real de las mujeres permanece
protegida.
© Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustin
Pro Juarez", reunión de la comunidad en San
Salvador Atenco después de los eventos de Mayo,
exigiendo la liberación de los detenidos.
Operativo policial: tortura y uso excesivo de la fuerza en las detenciones
El 3 de mayo 2006, aproximadamente a las 07:00, unos 200 agentes de la policía
municipal y de
En las horas que siguieron, los campesinos -algunos de ellos, según informes,
con machetes, palos y piedras- se enfrentaron a los policías. Posteriormente,
hubo nuevos enfrentamientos cuando varios centenares de campesinos bloquearon
la carretera que une los municipios de Texcoco y
Lechería. Algunos manifestantes apresaron a doce policías municipales, de los
cuales al menos cuatro permanecieron retenidos hasta el día siguiente en un
auditorio en San Salvador Atenco. Un policía fue,
según informes, obligado a bajar del vehículo en el que se encontraba y fue
fuertemente golpeado por algunos manifestantes. Para ese entonces, cientos de
policías de seguridad del Estado de México se habían añadido al operativo
practicando numerosas detenciones en respuesta a los actos violentos. Varios
testigos han señalado que los policías hicieron un uso generalizado de gases
lacrimógenos, amenazaron a manifestantes con armas de fuego y patearon y
golpearon con toletes a las personas ya sometidas.
El operativo policial se intensificó la madrugada del 4 de mayo cuando unos dos
mil policías de
Muertes durante el operativo todavía sin esclarecer
Los enfrentamientos del 3 de mayo se saldaron con la muerte de Francisco
Javier Cortés Santiago, de 14 años, como resultado de un impacto de
bala. Hasta la fecha no se ha esclarecido la forma en que ocurrió su
fallecimiento ni identificado a los responsables. Otro joven de 19 años, Alexis
Benhumea Hernández, fue gravemente herido en la
cabeza, al parecer, por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía
el día 4 en San Salvador Atenco. Falleció el 7 de
junio en un hospital de
Tortura como "vía" de control y represalia policial hacia las
personas detenidas
Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, tanto el 3 como el
4 de mayo, la mayoría de las personas detenidas fueron trasladadas al penal
estatal de Santiaguito en varios vehículos de la policía y autobuses. Fue
durante este periodo cuando tuvieron lugar graves violaciones de derechos
humanos a los detenidos por parte de los policías de seguridad estatal que los
custodiaban, en lo que parecería haber sido un acto de represalia por su
posible vinculación con la organización campesina, considerada por las autoridades
del Estado de México como un grupo subversivo. La mayoría de los detenidos
coinciden en señalar que los policías les obligaron a permanecer apilados en el
suelo de los vehículos uno encima de otro por varias horas provocando
sensaciones de asfixia a la vez que eran pisoteados por los agentes. Los
golpes, insultos y las amenazas de muerte se repitieron en contra de las
personas detenidas en varios de los vehículos en los que viajaban. Varias
mujeres denunciaron haber sido objeto de violencia sexual durante el trayecto.
La mayoría de las personas detenidas permaneció con la cara cubierta mientras
duraron los abusos dificultando la identificación de los presuntos agresores.
Investigaciones deficientes
Durante los dos días que duró el operativo fueron detenidas 211 personas. Hasta
la fecha, siete mujeres y 21 hombres continúan detenidos acusados del delito de
secuestro equiparado el cual según el código penal del Estado de México es un
delito grave y no alcanza fianza. Otras 115 personas salieron en libertad bajo
fianza y están sujetas a proceso. El resto fueron liberados sin cargos. Entre
los detenidos hubo cinco extranjeros(4), quienes los
días posteriores a la detención fueron trasladados a las oficinas del Instituto
Nacional de Migración en el Distrito Federal y luego expulsados del país.
De los más de 2 mil agentes estatales que participaron en el operativo, 9 de
ellos enfrentan una sanción administrativa por tolerar la violencia. Por otra
parte,
Amnistía Internacional condena toda violencia dirigida a los policías y
reconoce la obligación de las autoridades de actuar ante actos de violencia,
incluyendo la retención de miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo,
su actuación debe enmarcarse dentro de los principios de proporcionalidad y
estricta necesidad del uso de la fuerza y armas recogidos en los Principios
Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de
2. Detención de las mujeres: violencia sexual en el operativo
De las 211 personas que fueron detenidas mientras duró el operativo,
cuarenta y siete fueron mujeres, siete de las cuales continúan en prisión. Al
igual que los hombres, durante las detenciones las mujeres fueron objeto de
golpes en varias partes del cuerpo, amenazas e insultos por parte de los
agentes de policía tanto en Texcoco como durante el
operativo policial que tuvo lugar en San Salvador Atenco
al día siguiente.
Fue al interior de los distintos vehículos para ser trasladadas al penal cuando
según las denuncias de las mujeres tuvieron lugar serias violaciones a sus
derechos humanos, incluyendo violencia sexual. Según el informe preliminar de
Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional ponen de relieve estos
abusos. Las experiencias de las mujeres entrevistadas por la organización
coinciden en señalar toqueteos a sus partes íntimas, mordidas en los senos, el
desnudo forzoso y violación por vía vaginal y anal con dedos por parte de los
agentes de policía. Amnistía Internacional también fue informada acerca de una
mujer que al parecer fue obligada a tener sexo oral con uno de los policías.
También fueron comunes los insultos obscenos y las amenazas de tipo sexual. Los
testimonios que se recogen a continuación son ilustrativos de lo que ocurrió en
los vehículos según las propias mujeres:
·El día 3 de mayo por la mañana se refugió (la mujer)
en una casa cerca del mercado de Texcoco en donde se
estaban dando los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Según
los informes, había unas 70 personas en la casa, entre ellos el líder de la
organización campesina FPDT. Los agentes de policía rodearon la casa durante
varias horas. Aproximadamente a las 17:00 entró la policía. En aquel momento
ella junto con varias personas se encontraba en la azotea de la vivienda. La
mujer cuenta que "a las mujeres nos decían que nos iban a violar como
putas que éramos". Luego al igual que el resto de las personas que
estaban allí, la hicieron bajar de la azotea. "Había una valla de
policías afuera. Me obligaron a agacharme. Nos iban pateando. No podía ver
nada. Nos sentaron de cuclillas en la calle. Vi a mi
esposo en ese momento. Iba sangrando. Le seguían pegando". Después,
un policía dijo "ya no los golpeen. Ya llegaron los medios".
Posteriormente la subieron al autobús junto con los otros detenidos. El autobús
era grande. Iba agachada totalmente y no veía nada. Según su testimonio, se le
acercó una mujer policía quien le robó el celular y objetos personales. A otra
mujer que iba con ella la obligaron a cantar. Durante el trayecto al penal, un
policía le metió la mano en los senos y los glúteos. Los policías iban
repitiendo "por sus mamadas nos tuvimos que quedar".
·"Fui detenida en una casa en San Salvador Atenco
el día 4 de mayo". Según su testimonio, entraron entre treinta o
cuarenta policías en la vivienda. Le cubrieron el rostro y al igual que el
resto de las personas que estaban allí la obligaron a poner las manos en la
nuca y a sentarse en la banqueta de la calle. "Lo único que veía eran
las botas de los policías. Empezaron los golpes en la cabeza con los toletes.
Luego me hicieron pasar por una valla de policías mientras me amenazaban con
matarme a mi y a mi familia". Fue llevada a un vehículo de la policía
tipo autobús mientras le propinaban patadas. "Dentro del vehículo había
una pila de personas acostadas y esposadas. Los policías estaban caminando
sobre la pila de personas". Según su testimonio, los policías que
estaban en el interior del vehículo la arrastraron hasta el asiento trasero y
le desgarraron la ropa interior. Le bajaron los pantalones hasta los pies y le
subieron la camiseta hasta la cabeza no pudiendo ver nada. Un policía le golpeó
los glúteos mientras recibía amenazas de muerte y violación. Posteriormente al
menos tres policías le pellizcaron los pezones y le apretaron fuertemente los
senos. Los tres la violaron con los dedos. Durante todo el trayecto la
obligaron a permanecer desnuda con la cabeza pegada al asiento y los glúteos
levantados. "Escuchaba a las personas que me violaron. Estuvieron
conmigo todo el rato. Cuando se les ocurría me volvían a golpear".
·Según el testimonio de otra joven detenida el 4 de
mayo en San Salvador Atenco, una vez en el autobús:
"me ordenaron bajar la cabeza sobre un charco de sangre, yo no quería
poner mi cabeza en la sangre y la bota negra de un policía sobre mi cabeza me
obligó a hacerlo. La camioneta encendió motores y en el camino fui manoseada
por muchas manos de policías, yo sólo cerré los ojos y apreté los dientes
esperando que lo peor no sucediera. Con mis pantalones abajo, la camioneta se
detuvo y se me ordenó bajar, torpemente baje y una mujer policía dijo:’a esta
perra déjenmela a mi’ y golpeó mis oídos con las dos manos".(6)
3. Denegación de justicia a las mujeres
La violación y otras formas de violencia sexual tienen efectos devastadores
en quienes las sufren. En virtud del derecho internacional, la violación de una
mujer o una niña en custodia por parte de un agente del Estado siempre
constituye tortura de la cual el Estado es directamente responsable. Otros
abusos sexuales o abusos físicos graves cometidos contra mujeres como el uso
deliberado de cacheos, toqueteos o amenazas sexuales, también constituyen
tortura o malos tratos cuando son cometidos por agentes del Estado. Estos
criterios han sido avalados por los tribunales internacionales de derechos
humanos y penales, quienes en varias ocasiones han señalado que el dolor y el
sufrimiento causados por la violación coinciden con la definición de tortura.(7)
Como acto de tortura, el Estado tiene la obligación de iniciar investigaciones
con plenas garantías de independencia e imparcialidad. Además para que una
investigación de tortura sea efectiva las autoridades debe de tener en cuenta
los procedimientos recogidos en el Manual sobre la investigación y
documentación eficaces de los casos de tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (conocido como Protocolo de Estambul).(8)
Las mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de agentes del Estado
tienen ante sí una larga y ardua lucha para obtener justicia. La mujer tiene
buenas razones para temer que, si se queja, volverá a ser objeto de abusos o
que, ante dos versiones contrarias, los investigadores darán crédito a la del
policía.
En el caso de las mujeres detenidas el 3 y el 4 de mayo en el Estado de México,
Amnistía Internacional ha documentado serias deficiencias por parte de las
autoridades del Estado de México en la atención, recepción e investigación de
las denuncias de violencia sexual. Estas deficiencias incluyen: la negativa a
recibir la denuncia por parte del agente investigador, la falta de exámenes
médicos adecuados y exhaustivos para documentar el abuso, una atención médica y
psicológica inadecuada y una falta de imparcialidad por parte de la agencia
investigadora en todas las etapas del proceso.
a) Recepción deficiente de las denuncias y otras violaciones del debido
proceso
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que los agentes del
ministerio público de
El testimonio de otra mujer explica que: "Nos llevaron a una sala a
declarar. No sabía de que me acusaban. Había unos 6
ministerios públicos tomando notas en maquinas de escribir. Se me acercó un
ministerio público y me dijo ‘ahora que les dio para pegarse unas a otras’. Me
reserve el derecho a declarar."
Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron que los agentes
del ministerio público no les informaron de los delitos de los que se les
acusaba. Según informes, los agentes, al empezar las declaraciones, tenían en
su posesión unas hojas de papel en blanco en las que decía "delito
desconocido". No fue hasta su declaración preparatoria en el juzgado, seis
o siete días después, o durante el auto de formal prisión, cuando fueron
informadas de los delitos en su contra. Esta situación fue también denunciada
por los hombres detenidos. Además varios de las detenidas y detenidos han
declarado no haber podido realizar ninguna llamada a familiares o abogados
particulares durante las primeras 24 horas de detención. Según informes, los
defensores de oficio no se identificaron como tales en las declaraciones ni
informaron a las y los detenidos de todos sus derechos. Testimonios recogidos
por Amnistía Internacional señalan que los defensores de oficio sólo
corroboraron y firmaron el documento ya escrito por el agente del ministerio
público.
Amnistía Internacional también ha recibido informes sobre la ausencia de un
traductor en el caso de Magdalena García Duran, indígena mazhaua, quien fue detenida el 4 de mayo cuando se dirigía
a San Salvador Atenco. Según informes, Magdalena
García Duran fue fuertemente golpeada y amenazada durante su detención y traslado
al penal. Tuvo que firmar las declaraciones ministerial y preparatoria a pesar
de no comprender bien el español y de no escribirlo y de no tener acceso a un
traductor.
Lo ocurrido a las mujeres el 3 y 4 de mayo en el penal ilustra una vez más cómo
a las personas privadas de libertad en México frecuentemente se les niegan sus
derechos de acuerdo con lo dispuesto en tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por México. La negación de garantías procesales como al
acceso a defensa legal de su elección, la baja calidad de la representación
legal designada por el Estado, la falta de información sobre los motivos de su
detención y los cargos en su contra y la falta de traductor o interprete para
personas que no dominan el español escrito y/o hablado constituyen violaciones
al debido proceso, esenciales para un juicio justo.(9)
b) Falta de exámenes forenses y asistencia adecuada a las mujeres
Ante posibles actos de tortura, los agentes investigadores deben practicar un
examen médico lo antes posible a fin de evitar que desaparezcan signos agudos
de la comisión del delito. Según el Protocolo de Estambul, este examen debe
incluir una evaluación de la necesidad de tratar lesiones o enfermedades, de
ayuda psicológica, de asesoramiento y seguimiento y una exploración física.
En el caso de la tortura de carácter sexual, debido a su complejidad, el
protocolo recomienda que la exploración esté a cargo de un equipo de
psiquiatras, psicólogos, ginecólogos y expertos en tratamiento de
supervivientes de tortura sexual. También establece directrices adicionales de
cómo proceder incluyendo la necesidad de "ofrecer apoyo, consejo y
tranquilidad, cuando corresponda".(10)
La primera revisión médica a las mujeres detenidas el 3 y 4 de mayo estuvo a
cargo de los médicos del penal, cuya función fue la de certificar las lesiones
de las personas detenidas y suministrar atención medica a los presos en caso
necesario. El informe preliminar de
Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional el personal médico
proporcionó a las personas detenidas tratamiento básico sólo para las lesiones
visibles ignorando posibles abusos sexuales a las detenidas. Tampoco
practicaron exámenes ginecológicos a las mujeres alegando que ellos no estaban
autorizados para realizar estos exámenes y que sólo el médico forense de
Sin embargo esto tampoco sucedió. Las mujeres que solicitaron una revisión
ginecológica para certificar las lesiones de violencia sexual se encontraron
con la negativa de los médicos forenses para practicar este tipo de exámenes:
"Cuando llego al penal el médico legista no quiere
certificar que he sido violada. Me parece injusto que no se me crea, que
alguien pueda creer que lo invento."
"Entré al consultorio con una médico. Me dijo que perdía su trabajo y
no me quiso reportar las heridas de la violación. Me dijo que en todo el estado
no había un ministerio público que tuviera ginecólogo. Como favor me dio una
caja de óvulos y un analgésico. Me dijo que no me hacía el examen médico sin
una denuncia. No podía entender la razón de lo sucedido."(12)
Las autoridades no tomaron ninguna medida para garantizar que los
profesionales médicos estaban debidamente formados o que eran suficientemente
imparciales para llevar a cabo exámenes médicos delicados. Ante tal actitud, es
comprensible que varias mujeres se negaran a ser examinadas por médicos
oficiales durante las primeras horas de su detención.
Por su parte, los peritos médicos de
La atención psicológica oficial a las mujeres fue, según los testimonios,
insuficiente. Durante su estancia en la prisión, una de las mujeres señaló a
Amnistía Internacional que la psicóloga que la atendió sólo estaba interesada
en los hechos de la detención y que cuando ella le contó sobre la violación, la
psicóloga le contestó que esto no era lo que ella le había pedido y le dijo que
se retirara. Otras mujeres entrevistadas manifestaron su desconfianza ante este
tipo de atención ya que según su experiencia no fueron informadas adecuadamente
de su propósito. Organizaciones locales de derechos humanos empezaron
posteriormente a dar apoyo psicológico a varias de las mujeres detenidas. Por
su parte, el Colectivo Contra
c) Falta de imparcialidad en las investigaciones y conflictos de interes
"También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que
hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres [si son detenidas]"(13)
"No cerramos la investigación, pero ahora ya no investigamos"(14)
En un primer momento las autoridades del Estado de México negaron públicamente
los presuntos abusos sexuales y rehusaron iniciar una investigación alegando
que no habían recibido ninguna denuncia al respecto. No fue hasta dos semanas
después de las detenciones, el 16 de mayo, cuando
Sin embargo, hasta la fecha las investigaciones sobre los abusos sexuales
llevadas a cabo por
Por otra parte, tanto el Protocolo de Estambul como
d) Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra las Mujeres
En febrero de 2006 se creó
La mayoría de casos de violencia contra las mujeres, incluyendo la violación
sexual, son investigados por las procuradurías estatales.
El pasado 17 de mayo, 16 de las mujeres que fueron detenidas presentaron una
denuncia penal ante
Según informes,
Amnistía Internacional considera que la colaboración actual entre las
autoridades del Estado de México y
4. La responsabilidad del Estado mexicano de prevenir y sancionar la violencia
contra la mujer
Varias normas nacionales e internacionales de derechos humanos establecen
garantías para el derecho de la mujer a no sufrir abusos y violaciones sexuales
y de proporcionarles un remedio efectivo para tales abusos.
En el Estado de México existe una ley estatal de prevención y sanción de la
tortura. Por otra parte, el delito de violación sexual está definido en el
código penal del estado como "al que por medio de la violencia física o
moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta" y "quien
introduzca por vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o
instrumento diferente al miembro viril, por medio de la violencia física o
moral". El delito se agrava si es cometido por agentes del estado.(23) Aunque la definición de violación en el Estado de
México todavía no se adecua a la utilizada en el Estatuto de Roma, la cual es
la más avanzada que se ha dado hasta el momento, ésta obliga a las autoridades
a llevar a cabo actuaciones para investigar y sancionar el abuso.(24)
La obligación de proporcionar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia
no sólo es responsabilidad de las autoridades estatales. El conflicto de
interés dentro de
Dada la falta de imparcialidad de las autoridades estatales para resolver las
denuncias, para Amnistía Internacional es imprescindible que
Además es importante recordar que la responsabilidad del gobierno federal de
atender las denuncias de violaciones de derechos humanos es evidente en este
caso, porque el operativo policial del día 4 de mayo contó con la participación
de muchos elementos de Policía Preventiva Federal que actuaron en conjunto con
la policía del Estado de México para practicar las detenciones en San Salvador Atenco, y al parecer impidieron la entrada de asistencia
médica y representantes de
5. Conclusiones y recomendaciones
Amnistía Internacional reconoce las dificultades que enfrentan los cuerpos
de seguridad para mantener el orden público en el contexto de manifestaciones o
disturbios. La organización condena los actos violentos el día 3 de mayo en Texcoco y sus alrededores contra los policías y que podrían
haber puesto en peligro la vida o integridad física de los agentes o
transeúntes y reconoce la obligación de las autoridades de intervenir ante
tales situaciones.
Sin embargo, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe
apegarse a los principios internacionales de proporcionalidad y estricta
necesidad y debe respetar en todo momento los derechos humanos. Los presuntos
abusos cometidos por los distintos cuerpos de policía contra las personas
detenidas el 3 y el 4 de mayo en el Estado de México deben ser investigados de
forma imparcial e independiente y los responsables deben comparecer ante la
justicia. Amnistía Internacional considera además que la forma en la que se
dieron las detenciones, el trato recibido por los y las detenidas, las
alegaciones de tortura y malos tratos, violaciones de debido proceso y la falta
de una investigación independiente al respecto constituyen serias violaciones
de los derechos humanos.
Las presuntas violaciones de derechos humanos de carácter sexual por parte de
policías de seguridad del Estado de México también constituyen tortura y deben
ser investigadas sin dilación y con plenas garantías de independencia e
imparcialidad en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos
ratificadas por el Estado mexicano. Las investigaciones llevadas a cabo a nivel
estatal no cumplen hasta la fecha con estas mínimas garantías y parecen ser
caracterizadas por un serio conflicto de interés. Las autoridades no han
demostrado una voluntad para atender las denuncias y perseguir a los
funcionarios sospechosos de violación o de cometer otros abusos sexuales contra
las mujeres bajo su custodia. Esta falta de voluntad crea un clima de impunidad
y contribuye a que se sigan cometiendo abusos contra los derechos humanos de la
mujer.
Amnistía Internacional considera que el gobierno federal tiene la obligación de
tomar cartas en el asunto y participar activamente en las investigaciones para
deslindar responsabilidades en los hechos y garantizar que haya rendición de
cuentas no solamente por su participación directa en el operativo policial del
3 y 4 de mayo sino también en virtud de sus obligaciones internacionales
contraídas en materia de derechos humanos. El gobierno de México ha expresado
en reiteradas ocasiones su compromiso de prevenir y sancionar las violaciones
de los derechos humanos incluyendo la violencia contra la mujer.(29) Lo sucedido en Texcoco y San
Salvador Atenco durante el mes de mayo pone a prueba
este compromiso.
El operativo de seguridad pública los días 3 y 4 de mayo otra vez puso de
manifiesto las prácticas policiales empleadas en el control de disturbios y
manifestaciones que a menudo resultan en serias violaciones de derechos
humanos. Como ocurrió en Guadalajara el 28 de mayo 2004, las fuerzas policiales
recurrieron al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos
humanos, y luego las autoridades de estatales evitaron llevar a cabo una
investigación imparcial de los hechos. Es hora de revisar los métodos,
capacitación y tácticas de las fuerzas de seguridad pública en tales
situaciones de disturbios públicos o manifestaciones para asegurar que están
conformes con las normas internacionales en derechos humanos.
Recomendaciones de Amnistía Internacional a las autoridades federales y
estatales
·Condenar públicamente la violencia contra las
mujeres que fueron detenidas el 3 y 4 de mayo en el Estado de México y dictar
instrucciones que impidan a los funcionarios del Estado de México hacer
declaraciones infundadas que descarten o desacrediten la gravedad de los
delitos denunciados.
·Llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas,
efectivas e imparciales, y con los recursos suficientes en todos los casos de
abusos sexuales y violación ocurridos el 3 y 4 de mayo. En particular, los
procedimientos deben atenerse estrictamente a las disposiciones de la
"Convención de Belém do Pará"
y otras normas sobre violencia contra la mujer y de investigación de actos de
tortura, en cuanto a la recolección y análisis de datos y a la persecución y
prevención de esta violencia.
·Conforme con la recomendación del Comité de las
Naciones Unidas para
·Garantizar que todos los miembros de los cuerpos de
policía implicados en investigaciones judiciales o disciplinarias por presunta
responsabilidad en casos de violaciones de derechos de la mujer, sean
suspendidos del servicio hasta que se determine su responsabilidad o su
inocencia.
·Asegurar que las mujeres que denuncian actos de
violencia sexual sean atendidas por las autoridades con imparcialidad y pleno
respeto de las garantías del debido proceso, incluyéndose la protección eficaz
tanto para las denunciantes como para las y los testigos.
·Tomar medidas eficaces para garantizar que las
autoridades registren las denuncias de violencia sexual, y recolecten y
conserven las pruebas debidamente. Asegurarse de que las mujeres que enfrentan
violencia sexual tengan acceso a médicos expertos y forenses.
·Investigar la responsabilidad administrativa y penal
de los funcionarios públicos que rechazaron aceptar o tramitar denuncias por
mal trato y tortura, incluida la violencia sexual.
·Garantizar el acceso a servicios fiables y
apropiados de asistencia psicológica para la rehabilitación y reintegración de
las mujeres que han sufrido violencia sexual.
·Llevar a cabo investigaciones exhaustivas,
imparciales e independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos,
incluyendo la tortura, el uso excesivo de la fuerza y violaciones del debido
proceso por parte de los cuerpos de policía que participaron en el operativo
del 3 y 4 de mayo en el Estado de México. Asegurar que las investigaciones
incluyen el papel de los agentes de Seguridad Pública de la federación en los
abusos cometidos durante el operativo policial. Asegurar que los presuntos
responsables comparezcan ante la justicia.
·Todo agente municipal, estatal o federal
presuntamente responsable de cometer graves abusos a los derechos humanos, como
actos de tortura, debe ser llevado ante la justicia y apartado de su cargo a la
espera del resultado de las investigaciones y el proceso penal.
·Garantizar una reparación justa y adecuada para las
víctimas de tortura de conformidad con las obligaciones que incumben al Estado
mexicano en virtud de las normas internacionales de derechos humanos en esta
materia.
·Asegurar que todas las personas sometidas a un
proceso penal, tanto las detenidas el día 3 y 4 de mayo, como los policías bajo
investigación, gozen de un juicio justo de conformidad
con lo dispuesto en
·Llevar a cabo investigaciones exhaustivas,
imparciales e independientes sobre la muerte de los jóvenes Francisco Javier
Cortés y Alexis Benhumena Hernández, que los
resultados sean públicos y que los presuntos responsables comparezcan ante la
justicia.
·Llevar a cabo una investigación acerca del diseño e
implementación del operativo policial de los días 3 y 4 de mayo para determinar
la responsabilidad de altos y medios mandos encargados de la seguridad pública
en relación a las violaciones de derechos humanos que se cometieron. Revisar y
modificar la capacitación y tácticas empleadas por la policía estatal y federal
en tal tipo de operaciones para garantizar que estén conformes con las normas
internacionales en derechos humanos.********
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