13 de noviembre de 2006
Hoy, lunes 13 de noviembre, presuntos
paramilitares cometieron una masacre en la región s elvática
de Montes Azules en Chiapas, matando a nueve mujeres y hombres, así como a dos
niños, todos ellos indígenas.
Quienes fueron asesinados, según un documento escrito a mano recibido por Narco News desde dentro de las
comunidades civiles zapatistas en la región son:
Los detalles de la masacre, en un área
muy aislada, lejos de los centros urbanos y mediáticos, aún son incompletos,
pero los oficiales estatales y federales han estado enterados todo este tiempo
de las señales de advertencia sobre la violencia de esta escala que estaba
gestándose en la región. Las autoridades ya habían sido alertadas por
organizaciones de los derechos humanos desde julio y agosto, pero en lugar de
tomar cartas en el asunto, la policía y otras agencias solamente agravaron los
problemas desde entonces.
Las personas que murieron, vivían y
trabajaban en el ejido Dr. Manuel Velasco Suárez II, conocido como Viejo
Velasco Suárez, una comunidad campesina establecida en 1984 por medio de un
acuerdo con el gobierno mexicano. Ellos y sus generaciones pasadas, habían
vivido en otras partes de
Desde entonces, miembros de otros
pueblos indígenas mayas –particularmente Tzetzal y Chol– han vivido sitiados por el gobierno, por sus agencias
policíacas, por sus fuerzas armadas, por los Lacandones, y las otras
comunidades de Tzetzales (del pueblo de Nueva
Palestina) y Choles (del pueblo de Frontera Corrazal) que se aliaron y se beneficiaron con el trato.
Las comunidades indígenas restantes de la región se encontraron bajo ataque
permanente desde entonces. Los conflictos en la zona llevaron a establecer el
acuerdo de 1984, creado por Viejo Velasco Suárez y otras comunidades cultivadas
de manera comunitaria, supuestamente protegidas por la ley: Flor de Cacao,
Nuevo Tila, Ojo de Agua y San Jacinto Lacanjá, todas
ubicadas en la misma región de los antiguos templos y ruinas mayas en Yaxchilán, cerca del gigantesco río Usumacinta,
que constituye la frontera de México con la mayor parte de Guatemala.
Las once muertes de la masacre de hoy
se producen –como a menudo hacen las masacres– en un
momento en donde el gobierno federal mexicano ha vuelto a los malos y viejos
días de la represión a gran escala (en Atenco el pasado mayo
y actualmente en Oaxaca). En momentos como
este, los paramilitares y las agencias policíacas se dan ánimos con las señales
que les mandan desde arriba, y aumentan sus agresiones históricas en contra de
aquellas comunidades –especialmente indígenas– que se
perciben como obstáculos frente a los intereses económicos.
El gobierno federal de Vicente Fox y su
secretario de gobernación Carlos Abascal (“el carnicero de Oaxaca”) fue
advertido este año de la bomba de tiempo de violencia que amenazaba a Viejo
Velasco Suárez y otras comunidades en la región de los Montes Azules.
El 19 de julio de este año, el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, publicó una alerta titulada “Amenazas de desalojo y
hostigamiento en a Pueblos Indígenas en
La organización de los derechos humanos
alertó que había recibido reportes de que:
“...El sábado 14 de julio se instaló un
destacamento de Seguridad Pública, cerca de la comunidad de Ojo de Agua, El
Progreso, con la amenaza de desalojar a las familias de esa comunidad de manera
violenta, familias que están defendiendo su derecho a la tierra como pueblos
indígenas…Nosotros los que vivimos en San Jacinto Lacanja,
Flor de Cacao y Viejo Velasco también estamos amenazadas de desalojo.”
El centro Frayba
señaló en su alerta del 19 de julio:
“En la opinión de Frayba
esto es un problema histórico con una serie de irregularidades y torpezas por
parte de las instituciones y los funcionarios que no hacen caso de los acuerdos
previos, manipulan a los que están involucrados en el conflicto, generando más
problemas, amenazan con el desalojo violento para obligar a que las comunidades
y a las organizaciones “se sienten a negociar” o no entienden los compromisos
asumidos durante las negociaciones con las comunidades en disputa.”
El centro Frayba
pidió que las autoridades del gobierno tomaran medidas para “garantizar la
seguridad y la integridad personal de las familias” de las cuatro comunidades
indígenas amenazadas, que respeten los acuerdos de 1984 y otros que les
concedieron sus tierras, y que se respeten los tratados internacionales que
garantizan dichas protecciones para los pueblos indígenas.
Unas semanas después, los representantes de esa organización, junto
con una delegación de norteamericanos de Global Exchange, así como
El reporte concluyó:
“Si bien las razones exactas de la
exclusión de estas cuatro comunidades del proceso de legalización de la tierra
no están claras, los factores geográficos y políticos nos dan una pista
importante. Tres de las comunidades –Flor de Cacao, San Jacinto Lacanja, Ojo de Agua el Progreso–
están localizadas en un terreno en donde todavía hay maderas preciosas que la
comunidad Lacandona quiere explotar, según Miguel Angel
García, de Maderas del Pueblo. También se encuentran en las orillas del río Usumacinta, una de las fuentes más importantes de agua
potable en la región. El “Plan Puebla-Panamá, la propuesta del gobierno para la
“modernización” económica del país, también contempla la construcción de presas
hidroeléctricas en el Usumacinta. Además, muchos de
los individuos que testificaron, creen que la razón por la que la comunidad
Lacandona y los comuneros quieren la tierra para ellos mismos, es para
desarrollarla con propósitos turísticos, ya que el sitio arqueológico de Yaxchilan está cerca, y la comunidad Lacandona participa
fuertemente en el negocio turístico. La cuarta comunidad, Viejo Velasco, debido
a su afiliación con el EZLN, también puede ser percibida por el gobierno mexicano como un
impedimento a la maximización de las ganancias. En efecto, poco después de nuestra
visita a El Desempeño, oficiales del gobierno desalojaron violentamente a la
comunidad base de apoyo civil al EZLN Chol de Tumbala, que
también estaba en proceso de asegurar sus derechos sobre la tierra. Los
oficiales del gobierno federal, estatal y local deberían de tomar medidas
inmediatas para garantizar la integridad y la seguridad de Ojo de Agua El
Progreso, Flor de Cacao, San Jacinto Lacanja y Viejo
Velasco. Estas comunidades tienen derecho –tanto bajo el convenio de 1984 y los
acuerdos alcanzados en la mesa redonda de Limonar– a
la seguridad de la tierra. El gobierno local, estatal y federal debería de
actuar inmediatamente¬ para detener las amenazas de
desalojo ilegal y regresar a las familias que han huido de sus tierras, si
ellas así lo desean. La igualdad y la justicia no piden nada menos.”
La organización internacional de
derechos humanos envió sus resultados al presidente mexicano Vicente Fox, a su
secretario de gobernación Carlos Abascal, al gobernador de Chiapas Pablo
Salazar Mendiguchía y a varios burócratas debajo de
cada uno de ellos.
En lugar de realizar acciones para
corregir los males, los gobiernos estatal y federal pusieron en marcha los
eventos –y dieron señas de que sería recibido como impunidad por los opositores
de esas comunidades que los han amenazado violentamente–
que ocasionaron, hoy, la masacre de once civiles indígenas.
Según una cronología escrita a mano de los eventos ocurridos desde
entonces, recibida hoy por Narco News,
de la cual son autores las comunidades afectadas, las agresiones contra ellas
se incrementaron después de que fueron informados los gobiernos de Fox y de
Salazar:
Y en otro documento escrito a mano enviado a Narco News, fechado el sábado 11
de noviembre, los miembros de la comunidad explican que los comuneros de Nueva
Palestina cortaron su suministro de agua, obligando a la comunidad de Viejo
Velasco Suárez a volver a prender el agua y a expulsar a once de los comuneros
invasores de su comunidad. El documento contiene los nombres y las firmas de
los hombres expulsados.
Dice:
“Pedimos a los Palestinas, a los
gobiernos estatal y federal que respeten este acuerdo para terminar con la
violencia en ambas partes de nuestra comunidad. Hacemos responsable al gobierno
de cualquier cosa que pase…”
“El miércoles 1 de noviembre del 2006,
los Palestinas empezaron a cerrar la llave del agua entubada hasta hoy sábado
11 de noviembre del año en curso. Es por eso que los grupos originarios de esta
comunidad realizan la siguiente acción…nos desligamos de los grupos de
Palestina y no queremos que sigan acosándonos en esta comunidad de Viejo
Velasco, donde cada uno de ellos firma su acuerdo para irse y no regresar nunca
para no causar más problemas con los residentes originales”.
Según un e-mail que acabamos de recibir
de las familias de los muertos:
“Los agresores han sido habitantes de
la comunidad de nueva Palestina, teniendo en común los tristes sucesos
ocurridos en la matanza de Acteal (del 22 de
diciembre de 1997 también en Chiapas), ya que los familiares de las victimas
nos confirman que existían varios retenes de la fuerza publica a sus
alrededores sin hacer acto de presencia”.
Según un comunicado de hoy por la noche
de Maderas del Pueblo, los atacantes eran de Nueva Palestina y llegaron al
amanecer “4 subcomuneros del grupo agresor, quienes
llegaron a la comunidad fuertemente armados y con intenciones de desalojar
violentamente a las familias ahí asentadas.”
Dos días después, hoy, seis mujeres,
tres hombres y dos niños de esta comunidad afligida están muertos. Al momento
de ir a prensa, varias organizaciones de los derechos humanos y la junta del
Buen Gobierno en Roberto Barrios de las bases civiles del EZLN, así como el
Otro Periodismo con
Traducido por: Aimée
Valckx Gutiérrez.
www.laotrachilanga.org.mx