Amenazan con expulsar a zapatistas de sus tierras


[DE LA PRENSA BURGUESA]

"La Jornada", edición del 10 de febrero de 2007.

1. Chiapas:
- Amenazan con expulsar a zapatistas de sus tierras.

2. Oaxaca:
- Persiste hostigamiento en Oaxaca contra defensores de derechos humanos:
Cactus.
- Desalojarían a maestros en Oaxaca.

CHIAPAS

En riesgo, 31 familias de San Pedro Michoacán

Amenazan con expulsar a zapatistas de sus tierras
Los predios fueron recuperados en 1994 por los rebeldes

En la embestida, unión de ejidos "apoyada por el gobierno"

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de febrero. La junta de buen
gobierno (JBG) Hacia la esperanza, con sede en el caracol de La Realidad,
denunció que la Unión de Ejidos de la Selva (UES) pretende expulsar a 31
familias bases de apoyo zapatistas de tierras recuperadas en 1994 por los
rebeldes, en el actual municipio autónomo San Pedro de Michoacán. Ya
antes, estas familias fueron despojadas de sus casas y predios por
pobladores del ejido Nuevo Momón, al cual pertenecían desde antes del
levantamiento.

La relación de los hechos, firmada por Abel López Gordillo, en nombre de
la JBG desde el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños,
detalla que "el pasado 24 de diciembre, 31 familias bases de apoyo del
EZLN decidieron regresar a los terrenos recuperados desde 1994 en la finca
El Momón, que estaba en manos del ex gobernador Absalón Castellanos
Domínguez; desde entonces quedó en manos de los zapatistas.

"La mayoría de estas 31 familias vivían en Nuevo Momón, pero en 1995, con
la traición de Zedillo, tuvieron que abandonar sus pertenencias, incluso
sus terrenos. Después de 11 años quisieron regresar, pero los mismos
habitantes de la comunidad no permitieron que nuestros compañeros
zapatistas vuelvan a su lugar de origen, y les quitaron todo lo que les
corresponde, desde sus derechos de tierra hasta su humilde casa."

Dichas familias permanecían en diferentes poblados, "prestando" tierras
para poder resistir, "pero llegó el tiempo de que a nuestros compañeros
los reubiquemos en parcelas recuperadas, que para eso estamos luchando,
para que las tierras pasen a manos de quien las trabaja", prosigue el
comunicado de la junta.

"Ultimamente, constantemente están amenazados por un grupo de personas de
la UES, que los quiere desalojar con el pretexto de que están invadiendo
ejidos y destruyendo bosque. Estas acusaciones son falsas, porque no es
ningún predio ejidal, son tierras recuperadas por el levantamiento armado
de 1994, y para poder edificar sus humildes casas necesitan madera,
únicamente para construirlas, no por negocio."

Ante un episodio más de la actual embestida de organizaciones oficialistas
y del gobierno contra las comunidades autónomas, con la intención de
despojarlas de las tierras recuperadas hace más de una década, la JBG
declara que "la tierra no se vende, se trabaja y se defiende". Después de
varios años de ser despojadas y desplazadas, estas familias acudieron a la
JBG
"para plantear sus necesidades de reubicación, para poder trabajar y
vivir dignamente".

En respuesta a las amenazas y provocaciones que reciben estos tojolabales,
las autoridades autónomas de la región Selva Frontera denuncian: "las tres
comunidades que dicen ser dueñas de esas tierras -Nuevo Momón, Cruz del
Rosario y El Edén-, pertenecientes a la UES, no son y no serán dueñas de
esas tierras, ya que no es ningún ejido, como ellos manifiestan, son
terrenos recuperados desde 1994. A este grupo de inconformes no se les
está quitando nada. Ellos tienen sus propias tierras en sus propios ejidos
donde viven".

Los zapatistas asientan: "de cualquier agresión y despojo que sufran
nuestros compañeros hacemos responsables a los líderes de la UES, Arturo
Jiménez y Belizario Jiménez Cruz (de la comunidad Cruz del Rosario), y
Miguel Cruz Hernández y Flavio Hernández (de Nuevo Momón)". Asimismo,
señalan a Francisco Escobar, delegado de la Procuraduría Agraria; a
Mariano Toledo, delegado de gobierno de la zona Altos; al gobernador de
Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y al señor Felipe Calderón Hinojosa. Muy
bien lo saben que estas tierras no pertenecen a ningún ejido. Sólo le
advertimos a la UES que si no ven por su pequeño grupo de gente, que sin
razón ni motivo están provocando, entonces las autoridades de los
municipios autónomos y la JBG actuarán conforme a los acuerdos de los
pueblos zapatistas".

La UES, una de las organizaciones otrora independientes de la región y hoy
privilegiadamente oficialista, cuyo café se expende en la cadena comercial
llamada Café de la Selva, en diversas partes del país, parece sumarse a la
nueva embestida contrainsurgente en Chiapas. Los zapatistas hacen un
llamado urgente a la sociedad civil nacional e internacional a "estar
pendientes".

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/23/index.php?section=politica&article=018n1pol

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OAXACA
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Advierte ONG sobre posible "emboscada" contra el activista Omar Esparza
Zárate

Persiste hostigamiento en Oaxaca contra defensores de derechos humanos:
Cactus

EMIR OLIVARES ALONSO

Los actos de "hostigamiento" en contra de defensores de derechos humanos
en Oaxaca continúan. Hace un par de semanas elementos de la Agencia
Federal
de Investigación (AFI) acudieron a las oficinas del Centro de
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), en la región mixteca, en
busca del activista Omar Esparza Zárate para que se presentara a
comparecer "pronto" ante la oficina regional de la Procuraduría General de
la República (PGR) con relación a hechos sucedidos en el estado a finales
de 2006, aunque no se le especificó de qué delitos se le acusa.

Así lo denunció la Red Cuali Nemilistli, organización social oaxaqueña,
por lo que emitió una acción urgente por la seguridad y ante el temor de
que el defensor de derechos humanos sea privado de su libertad de "forma
arbitraria", pues tampoco se le proporcionó una copia del acta de
presentación.

Ante estos hechos y debido a que podría tratarse de "una emboscada",
Esparza -también integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO)- acudirá hoy a las oficinas regionales de la PGR para saber
de qué se le acusa y así enfrentar las acciones legales en su contra.

"Este acto de hostigamiento e intimidación puede ser el inicio de una
nueva ola de represión en las distintas regiones del estado, en contra del
movimiento social oaxaqueño y de los defensores de derechos humanos; por
lo que ahora es momento de detenerla y prevenirla", denunció la red
oaxaqueña.

No es la primera vez

La organización estatal de defensa de derechos humanos subrayó que ésta no
es la primera vez que el gobierno estatal hostiga al activista, pues el 24
de enero de 2006 Esparza fue detenido y encarcelado "arbitrariamente" por
policías municipales de Huajuapan de León, Oaxaca, cuando su vehículo fue
interceptado por patrullas de la Policía Municipal.

En esa ocasión los policías le exigieron descender de su automóvil, a lo
que el activista se negó demandando se le explicara el motivo de esa
orden. Los elementos de seguridad argumentaron que se trataba de una
operación de "rutina", porque había información de que una camioneta
llevaba armas, abrieron "violentamente" la puerta de su vehículo, lo
esposaron, lo obligaron a permanecer de rodillas y lo subieron a una
patrulla.

Tras esa agresión, uno de los mandos de la Policía Municipal le fijó una
multa y se le concedió su libertad. Ante estos hechos, Esparza presentó
una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que aún no
ha sido resuelta.

La Red Cuali Nemilistli denunció que meses después, el 12 de junio del año
pasado, sujetos desconocidos se introdujeron en las oficinas de Cactus
para registrar expedientes, información de grupos y personas con las que
trabajaban, objetos personales, además de que se llevaron dos cámaras
fotográficas.

Otro acto de hostigamiento se presentó a finales de 2006, pues su esposa,
Alberta Cariño -también integrante de Cactus- fue objeto de amenazas
telefónicas anónimas, en las que le advertían que si "seguía hablando de
más al pueblo le iban a cortar la lengua".

Los hechos referidos, señaló la ONG, "contradicen" los derechos a la
libertad personal, de pensamiento, ocupación y expresión, así como a los
derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley, "todos
protegidos" por la Constitución mexicana e instancias internacionales.

"El trabajo de los defensores de derechos humanos es fundamental y, por
desgracia, sumamente riesgoso en nuestro país; por tanto, deben tomarse
todas las acciones posibles para protegerlo, pues al atentar contra sus
garantías individuales y colectivas, se atenta directamente contra las de
aquellos a los que protege y con quienes trabaja", expresó la ONG.

Debi
do a ello, demandó a las autoridades estatales y federales, a las que
responsabilizó de cualquier acto intimidatorio o violento contra Esparza,
tomen las medidas necesarias para el cese del "hostigamiento" contra el
activista, su familia e integrantes de Cactus; que se les garantice
libertad, seguridad e integridad física; que las autoridades tomen las
medidas adecuadas para salvaguardar los tratados internacionales de
protección a los defensores y asegurar la aplicación de dichos acuerdos.

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/23/index.php?section=politica&article=017n1pol

Desalojarían a maestros en Oaxaca

Octavio Vélez Ascencio, y Adn sureste

Oaxaca, Oax., 22 de febrero. El secretario de Gobierno, Teófilo Manuel
García Corpus, advirtió que se podría usar la fuerza para recuperar los
edificios del gobierno estatal ocupados por integrantes de la sección 22
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El funcionario dijo que la protesta magisterial no se justifica porque hay
avances en la solución de conflictos en más de 200 escuelas en poder de la
recién creada sección 59 del magisterio, la mayoría simpatizantes del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, aseguró, el gobierno estatal agotará el diálogo antes de
recurrir a "medidas extremas".

La sección 22 del SNTE informó el miércoles que unos 7 mil afiliados, no
docentes, ocuparon la Secretaría General de Gobierno en esta capital y 32
delegaciones y subdelegaciones regionales en las principales ciudades y
cabeceras distritales para que la administración estatal entregue los
colegios mencionados. Pero la administración estatal reportó que solamente
están ocupadas las oficinas de Gobierno y ocho delegaciones y
subdelegaciones.

Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario de Gobierno, informó que se
declaró un receso en la mesa de alto nivel en la cual dialogan el gobierno
del estado y la comisión política de la sección 22 para resolver los
conflictos en 198 escuelas, especialmente en cuatro municipios de la zona
mazateca (Huautla de Jiménez, Santa María Chilchotla, Huautepec y San
Bartolomé Ayautla), donde hay riesgo de enfrentamientos.

Ezequiel Rosales Carreño, secretario de Organización de la sección 22,
insistió que las oficinas seguirán ocupadas hasta que se entreguen las
escuelas.

Cuauhtémoc Sigüenza Castillo, secretario general ejecutivo de la sección
59, responsabilizó al gobierno estatal de crear los conflictos en las
escuelas al llamar a reabrir los planteles.

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/23/index.php?section=estados&article=031n2est